La relación institucional entre la ética y la transparencia

Abstract

Desde que el hombre se organiza en la antigua polis se ha preguntado de lo que debemos ser y cuál es nuestra obligación moral, la conducta de la vida tanto individual como social, y los valores éticos de la política y de la administración.

Siguiendo ese hilo conductor, la administración de los negocios públicos se concibió en nuestro tiempo -antes del concepto gerencialista- como ciencia política de medios, de "buen" gobierno de la Administración Pública, cuyo substratum es ético, cultural, económico, y jurídico.

En el siglo XXI las prioridades de los gobiernos y de las organizaciones mundiales y multilaterales se dirigen a fortalecer las medidas en materia de ÉTICA y TRANSPARENCIA: Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno. En sus documentos han declarado que las metas del desarrollo y la recuperación de la confianza de los ciudadanos dependen significativamente de la ética pública.

Son necesarios una "infraestructura ética", un sistema político y administrativo que sea transparente y asegure el derecho a la información, además de cambios políticos y en las conductas sociales y por parte del sector privado, para que el formalismo burocrático no impida la congruencia entre el comportamiento cotidiano y la norma moral.

En México, la preocupación por el comportamiento ético de los servidores públicos ha sido un valor-objetivo declarado permanentemente por los gobiernos. En la actualidad la Secretaría de la Función Pública asume las tareas de control y promoción de la ética, además de "formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere".

Otras instituciones en esta materia son: la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2002) y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (2002), junto con una serie de medidas complementarias para la ética y transparencia, tales como premios, códigos de ética y de conducta, indicadores de transparencia, entre otros.

A pesar del arsenal de instituciones y de medidas dirigidas a dar transparencia al gobierno y contar con servidores públicos con alto sentido ético, la evolución en los últimos años de los Índices de Percepción de la Corrupción en México reflejan resultados no satisfactorios.

Existen condicionantes sociales y políticos que impiden un mejor desempeño ético y de transparencia. El desarrollo de instituciones en esas materias es básico, pero no suficiente, como parte de la infraestructura necesaria para lograr internalizar valores que conduzcan a comportamientos políticos, sociales y administrativos, que coadyuven a consolidar la democracia.