Después del 'cambio', ¿dónde quedó la sociedad? México: representación democrática en construcción
Abstract
La construcción de la democracia en México, ha transitado por un largo camino en el que se reconocen cambios significativos en términos del desmantelamiento de los pilares del ejercicio autoritario del poder, que fincaba su eficacia en el vértice del presidencialismo. Sin embargo, la redistribución del poder resultante de este proceso, no ha significado un mejor gobierno, en términos de su capacidad para atender la agenda de los asuntos públicos relevantes. En el nuevo formato que ha implicado la democratización de las reglas y la competencia en los procesos electorales, alternancia en la presidencia de la República, Congreso plural, poderes federales cada vez más autónomos, también han emergido nuevas fuerzas que juegan desde la sociedad civil, pero que siguen sin encontrar lugar para formar parte del ejercicio de gobierno. Mientras el presidencialismo ganaba terreno, fue capaz de controlar la participación política articulando, gestionando y cooptando las demandas sociales vía el sistema corporativo. En el proceso de su decadencia, cada vez más amplios segmentos de la sociedad civil dejaron de tener cabida en el viejo sistema de negociaciones. Más aún, en las nuevas condiciones de relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, se ha mantenido constante la resistencia de quienes gobiernan a dar entrada a expresiones ciudadanas, que desde la participación en acciones colectivas, exigen formar parte del proceso de gobierno. Una de las consecuencias de este proceso de transformación de la estructura del poder que interesa analizar, es la pervivencia de lo que podría denominarse déficit en la representación democrática, que subyace a la carencia de formas de negociación eficientes y de incentivos para construir acuerdos entre los partidos políticos, como articuladores de intereses de la sociedad. El presidencialismo debilitado y el legislativo cada vez más independiente y sin mayoría en su composición, no son suficientes para conseguir un gobierno eficiente; tampoco lo es la fragmentación de los poderes federales. En el nuevo formato en que no cabe el presidencialismo y la centralización del poder, y que lentamente se abre paso superponiéndose al sistema político en descomposición, las dificultades para gobernar no pueden ser enfrentadas manteniendo limitado el acceso a los actores que participan del juego, sin transformar las instituciones de gobierno que fueron diseñadas y pertenecieron a un contexto que ha dejado de tener vigencia. El proceso que da cuerpo al Acuerdo Nacional para el Campo, (noviembre-abril de 2003) ejemplifica en las nuevas condiciones del sistema político, los retos para la negociación, concertación y articulación de intereses sociales.