Capacidad estatal : requisito necesario para una mejor política social en América Latina

Abstract

En un escenario social marcado por las necesidades insatisfechas de millones de habitantes de América Latina, cabe resaltar una serie de cambios tendenciales que se han sucedido y que han modificado parcial o totalmente el híbrido paradigma de política social vigente (más allá de las diferencias entre países) desde la segunda posguerra hasta los años ochenta. En algunos casos se trató de cambios en el nivel jurisdiccional respecto de quienes gestionan y/o controlan los servicios y programas sociales, en otros estuvieron asociados a redefinir las fuentes de financiamiento y el volumen de los recursos destinados a enfrentar la cuestión social, en ciertos casos el eje estuvo centrado en la introducción de nuevas tecnologías de gestión. Algunas de dichas transformaciones son las siguientes: a) Descentralización de los servicios universales; b) Privatización/desregulación de la seguridad social; c) Focalización en los sectores más pobres; d) Aumento del gasto social; e) Apertura a la participación comunitaria; y e) Mayor énfasis en el monitoreo y la evaluación.

Aun cuando tales transformaciones conllevaron la posibilidad de mejorar el desempeño de las políticas sociales latinoamericanas, cada una de ellas trajo aparejada desafíos importantes, por lo general todavía no resueltos. A saber: ¿Cómo mejorar la gestión subnacional y local de los servicios de salud y educación, enfrentando los problemas de intersectorialidad e interjurisdiccionalidad?; ¿Cómo regular a los nuevos actores privados de la seguridad social, ampliando a la vez la cobertura a los sectores ligados al mercado informal?; ¿Cómo articular una canasta básica de bienes y servicios bien gestionados para incluir a los numerosos grupos más empobrecidos?; ¿Cómo mejorar la eficiencia/eficacia del gasto social en el marco de la rearticulación de la política económica y la política social?; ¿Cómo fortalecer la voz, la organización y la representación de todos los sectores de la comunidad, en particular los menos favorecidos, desde la óptica de construcción de ciudadanía?; y ¿Cómo construir una cultura de evaluación y monitoreo que sirva para mejorar la gestión de las políticas y programas?.

Ante este escenario lleno de desafíos, sobresale la necesidad de aumentar los niveles de capacidad estatal de la política social de la región. Esto implica, al mismo tiempo, fortalecer las capacidades administrativas y las capacidades políticas, en tanta cada una es condición necesaria pero no suficiente ante el objetivo de dotar de una serie de atributos ligados al cómo y al para qué de las intervenciones estatales en materia social. Se entiende, en este sentido, que el cambio institucional que mejore la capacidad estatal desde la óptica institucional (formal e informal) constituye una tarea de largo plazo y que requiere de la conformación de ciertas coaliciones socio-políticas, interesadas en tal tarea y dispuestas a movilizar sus recursos estratégicos con el objetivo de lograrla.