Rescate de los valores éticos como condición para la gobernabilidad democrática
Abstract
Se exponen los principios éticos que deben guiar la intervención del poder público, tomando en consideración la existencia de cuestiones morales en todos los actos que realiza el Estado. Se examinan las relaciones recíprocas entre democracia y gobernabilidad, se comenta la ética de la responsabilidad, de la solidaridad y del servicio y se plantean conclusiones y recomendaciones al respecto. La finalidad del Estado es promover el bien común de la sociedad, para lo cual lleva a cabo funciones jurídicas, económicas, sociales, administrativas y culturales. Desde un punto de vista social, el bien común es aquel que puede ser aprovechado por todos los miembros de la sociedad. En condiciones de convivencia, se plantea el problema de armonizar la libertad y el orden, cuyo resultado es la gobernabilidad. La solución de este problema no es asunto de pura ciencia, sino obra de la prudencia, la virtud y el sentido de la oportunidad. La misión del Estado es coordinar, no reemplazar la actividad libre de los ciudadanos y de los grupos sociales. El Estado debe respetar y promover la iniciativa privada, y debe suplir las actividades que el sector privado no está en condiciones de realizar, pudiendo reservar para sí algunas áreas de acción exclusivas. El Estado debe tener una actitud de vigilancia y custodia del bien común, para lo cual deberá tener una política social y económica. Las cuestiones morales o éticas se encuentran presentes en todos los actos del Estado, y contribuyen de manera decisiva con la gobernabilidad. Esta puede definirse como el conjunto de las aptitudes que aseguran el desempeño superior de la dirección de la sociedad, por parte de un gobierno que tiene la capacidad de ofrecer seguridad y estabilidad sobre las cuales se afinca la calidad del servicio público y el bienestar social en general. La democracia como sistema político y como forma de vida exige tanto libertad como responsabilidad. La ética de la responsabilidad asegura la posibilidad de la participación, al hacer que los participantes tengan que justificar sus acciones. Su ausencia compromete el desarrollo personal de los ciudadanos y dificulta la búsqueda del bien común. La ética de la responsabilidad y de la participación conduce directamente a una ética de la solidaridad, que fortalece el vínculo social entre los ciudadanos. Por su parte, una sociedad solidaria, en una economía de mercado, busca más la equidad que la igualdad. La consolidación de un régimen democrático depende mucho del nivel ético de sus líderes, vale decir en aquellos cuya responsabilidad es estímulo para la acción de los demás. Estos líderes tienen la dura e ineludible tarea de informar que la mejora de las condiciones de vida no depende de la actuación del Estado, sino que es el resultado del esfuerzo de la sociedad en su conjunto, sobre la base de tres grandes valores: responsabilidad, solidaridad y servicio. La tarea de todos los miembros de la sociedad será rescatar los valores éticos para que se afirme la gobernabilidad de la democracia. C.S.