Desarrollo humano y gobernabilidad : el rol de los municipios

Abstract

Los principios de Desarrollo Humano y gobernabilidad se encuentran estrechamente vinculados a las oportunidades de descentralización de políticas sociales. Las mismas se han sometido a una investigación realizada en la Provincia de Buenos Aires por el Programa Argentino de Desarrollo Humano durante el año 2000. En la misma se ha relevado la predisposición de los jóvenes a participar en políticas sociales descentralizadas, así como la visión de los funcionarios municipales y de la población sobre los procesos de descentralización.

En este artículo se critica la visión dogmática de una sociedad que, en vez de debatir y definir públicamente sus objetivos, compensa a través del mercado las preferencias personales de individuos que tienen una gran desigualdad de recursos. Ello implica necesariamente vulnerar principios básicos de equidad, sustentabilidad y seguridad humana. Incluso, esta visión promueve una fuerte restricción del poder estatal, que, llevada al extremo, significa priorizar ciertos privilegios individuales -afirmados como "libertades"- por sobre el Desarrollo Humano de todas las personas.

Ante estas contradicciones, corresponde plantearse si a ese dogmatismo puede oponerse el principios de gobernabilidad, debe ser concebido como la capacidad de todos los integrantes de una comunidad para gobernarse, controlando las amenazas que provienen tanto de sus propias contradicciones como del contexto global, aprovechando plenamente las oportunidades disponibles. Esta concepción implica el desarrollo de la capacidad de las instituciones para llevar adelante proyectos de transformación social, adaptando las esferas de intervención pública a los desafíos que genera una realidad cambiante. La legitimidad de tales esferas debe establecerse mediante un debate público abierto en el que todos los integrantes de la comunidad puedan participar eficazmente en igualdad de condiciones. Pero la gobernabilidad es también un asunto de eficacia, entendida ésta como la capacidad del Estado para lograr objetivos para los cuales la legitimidad fue atribuida.

Las consideraciones contenidas en este artículo permiten inferir que debe aumentarse el grado de descentralización e institucionalización de las políticas sociales, a fin de diferenciar niveles de intervención entre Nación, Provincia, municipios y organizaciones comunitarias. Ello permitirá evitar superposiciones y reasignar facultades, con el objeto de clarificar las responsabilidades institucionales para lograr una cobertura eficaz y universal.