Presentación general de los cambios en el Uruguay del sector público entre los años 1985 a 2001

Abstract

Los cambios más importantes del Sector Público en el Uruguay entre 1985 y 2001 son:

-La reforma de la Administración Pública: a) objetivo: Mayor eficacia con menor costo, reducción del déficit fiscal, capacitación de los funcionarios, informatización; b) medios: Se fortalece la Comisión Nacional de Servicio Civil y se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ambas dependientes de la Presidencia de la República; c) medidas legislativas: se prohibe el ingreso de funcionarios públicos desde 1990, salvo en determinados servicios; se dictan normas sobre ingreso, ascenso y calificaciones; se reestructuran los escalafones y se tercerizan las tareas de apoyo de los cometidos fundamentales; se regula el procedimiento administrativo común y disciplinario y se crea el procedimiento electrónico; se regulan los arrendamientos de servicios, becas y pasantías; se establece un nuevo régimen de previsión social; y, se dictan nuevas normas de administración financiera y contable y responsabilidad de los funcionarios, aprobando la Convención contra la Corrupción. -El fortalecimiento del sector financiero: a) objetivo: Estabilidad de la moneda, competencia en el mercado, solvencia de las empresas intervinientes; b) medios: contralor por el Banco Central del sector bancario y de seguros y regulación del mercado cambiario, de valores y monetario, prohibiendo el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y el contrabando; c) medidas legislativas: nueva Carta Orgánica del Banco Central, tendiendo a su mayor independencia; nueva ley de intermediación financiera, mercado de valores y obligaciones negociables, fondos de inversión, banca off shore y promoción y protección de inversiones.

-Desmonopolizaciones, concesiones de servicios y obras públicas, marcos regulatorios y desregulaciones: a) objetivo: Transparencia en el mercado, reducción de costos y libre competencia; b) medidas legislativas: se desmonopoliza la actividad portuaria, los seguros, el alcohol, los asfaltos, la energía eléctrica y las telecomunicaciones y se establecen marcos regulatorios; se suprimen empresas del Estado dedicadas a la pesca, abastecimiento producidos de primera necesidad, transporte aéreo, plantación de caña y refinación de azúcar; se establecen concesiones de aeropuertos, de servicios portuarios y transportes colectivos de pasajeros; se establecen concesiones en telecomunicaciones, agua, saneamiento, gas y unidades reguladoras; se autoriza a empresas públicas a realizar operaciones fuera de fronteras y a asociarse con empresas privadas; y, se protege al consumidor y al usuario de servicios públicos.