Reforma del Estado y modernización administrativa en España

Abstract

España, al igual que otros países de su entorno, se halla inmerso en un importante proceso de reforma de su Administración Pública. Desde el punto de vista político y territorial, el punto de partida lo constituye la aprobación de la Constitución Española de 1978, que articula nuestro país en un Estado Social y Democrático de Derecho y lo configura como un Estado descentralizado territorialmente en Comunidades Autónomas.

Ambos aspectos constituyen elementos que sin lugar a dudas influyen en todo el proceso de reforma de la Administración Pública, desde los Planes de Modernización de los años 90 hasta la aprobación del Libro Blanco para la mejora de los Servicios Públicos, que constituye una reflexión sobre los retos a los que han de enfrentarse las Administraciones Públicas ante las profundas transformaciones que tiene lugar en la sociedad de hoy día, en sus relaciones con los ciudadanos y en la prestación de servicios.

El Libro Blanco incorpora, junto con un análisis de desafíos, las políticas y estrategias de mejora de los servicios públicos, traducidas en compromisos concretos y acompañados de un calendario para su puesta en marcha. Entre estas líneas estratégicas destaca la prestación de unos servicios públicos de calidad y la introducción de las nuevas tecnologías para integrar la Administración en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

La prestación de unos servicios públicos de calidad a nuestros ciudadanos exige la adopción de estrategias como el establecimiento y difusión de los compromisos de calidad de los servicios a través de las Cartas de Servicios, la realización de evaluaciones de calidad, la difusión de las mejores prácticas o el reconocimiento a las unidades que hayan promovido la excelencia en la Administración.

El impulso de las nuevas tecnologías demanda no sólo un uso intensivo de las mismas en el seno de las Administraciones Públicas, sino también su empleo en las relaciones con los ciudadanos, lo que justifica proyectos como el Portal de las Administraciones Públicas o la Ventanilla Única Empresarial.

Sin embargo, las medidas anteriores, que implican profundas reformas en las Administraciones Públicas, no serían posibles sin contar con la organización y el personal adecuado. Para prestar un buen servicio al ciudadano, una de las premisas necesarias es ajustar la estructura interna de las Administraciones a sus competencias y a la consecución de sus fines. De igual manera, es indispensable dotarse de unos recursos humanos adecuados, suficientes y bien formados, que nos ayuden a llevar a buen puerto nuestros proyectos.

Un año después de la publicación del Libro Blanco, contamos ya con una primera evaluación que nos permita orientar nuestra acción en el futuro para la consecución del mismo fin: la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos.