Los mecanismos de extensión de la protección social en salud : los seguros privados para quienes pueden adquirirlos

Abstract

El fenómeno creciente que se observa en los países de Latinoamérica en materia de seguros privados es su institucionalización o incorporación "dentro" de los esquemas de protección social, a partir de la idea de "desmonopolizar" a los tradicionales institutos de seguridad social, más que el uso del seguro privado como complemento de cobertura para quienes pueden pagar. El caso más nítido es el caso chileno -cuyas consecuencias describiremos a continuación en sus dimensiones de cobertura y equidad-, pero le siguen los intentos de reforma en ese sentido principalmente en el Perú -la reforma del IPSS-, en Argentina -las Obras Sociales-. Es decir, se reducen los espacios del seguro privado como seguro complementario y se abren los espacios del mismo como componente del sistema de seguridad social. Esto representa un problema mucho más importante y trascendente que la compra espontánea de cobertura adicional de salud por parte de las personas que disponen de más recursos para destinar a este rubro, que en rigor no puede ser catalogada como una extensión de la protección social. En cualquier caso, en la medida que el sistema de seguridad social disminuya explícita o implícitamente su cobertura -lo que no sería extraño como fenómeno asociado al incremento de los costos- es esperable que el uso de seguros complementarios por parte de quienes pueden pagar se incremente.

Por ejemplo, en el caso de Chile durante el régimen militar el sentido de los cambios en el sector de la salud estuvo determinado por una visión de la sociedad centrada en el individuo y en la iniciativa privada, en un contexto de fuertes transformaciones sociales con esa orientación, así como en la reducción del tamaño del Estado. En el eje de desmonopolización de la seguridad social fueron creadas las Instituciones de Salud Previsional -ISAPRE-, un sistema de seguros individuales de corto plazo. Esta transformación se ha materializado sobre la base de ciertas condiciones especiales que apuntaban a garantizar su éxito y que fueron las siguientes: i) la mínima regulación del sistema, ii) la indeterminación de los planes de salud y la tarificación por riesgos, iii) el incremento de las tasas de cotización obligatoria para salud, iv) los subsidios del Estado para las personas que se traspasaran al nuevo sistema y, v) la restricción financiera simultánea del subsistema público determinada por una política fiscal de mucha austeridad.

En la actualidad el sistema de salud chileno presenta una marcada segmentación de la población de acuerdo a los niveles de ingreso y de riesgo o gasto esperado. El porcentaje de la población en el subsistema público disminuye con el nivel de ingresos, desde el 86,2% en el primer quintil a 26% en el quinto quintil. En el subsistema privado se observa lo contrario, la pertenencia a éste crece desde un 4% en el primer quintil hasta un 55,4% en el quinto.

Un buen indicador respecto a la segmentación por nivel de riesgo de enfermar o gasto esperado se observa en la distribución etárea. El subsistema público de salud concentra un 80,4% de la población en el tramo de edad de 65 y más años, mientras que el porcentaje de la población perteneciente a ese tramo de edad en el subsistema de seguros privado es de sólo 6,7%. El subsistema público también concentra un porcentaje más que proporcional de la población recién nacida y, por ende, de las mujeres embarazadas, a pesar del subsidio maternal -por reposo pre y postnatal-.

Independientemente de las ventajas que trae consigo el desarrollo de actividad económica privada en salud para los países, la experiencia de incorporación de seguros individuales de corto plazo en la seguridad social parece constituir una manera de institucionalizar la inequidad en la protección social en salud.