Nuevos diseños en políticas de seguridad pública

Abstract

La ponencia se centra en el desarrollo de tres ejes de análisis en lo que a políticas públicas en seguridad se refiere. En primer lugar se plantea la necesidad de identificar cuál o cuáles son las vertientes de la criminología que subyacen al modelo analizado y la relación que tienen con enfoques tecnopolíticos de gestión pública.

Durante mucho tiempo se han confundido los distintos niveles de formulación de la política de seguridad con el de ejecución, atribuyéndole a la agencia policial toda la responsabilidad en materia de seguridad pública.

Esta deficiencia, acompañada de un fuerte discurso reduccionista - que refiere al modelo adoptado-, la decisiva influencia de los medios masivos de comunicación, la agudización de las manifestaciones de violencia y el aumento de los índices del delito, han contribuido a fortalecer una concepción simplista del problema, (siempre en el marco socioeconómico de nuestra realidad latinoamericana).

Adherir a una matriz epistemológica informa toda la propuesta (diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación). Sin embargo, el hecho de asumir una política que integre activamente los aspectos preventivos a los represivos, plantea un fuerte desafío en relación a la adecuación institucional y a la factibilidad de su aplicación.

En segundo lugar, y en directa relación con el primer eje, se analizan las adaptaciones institucionales que hay que efectuar para llevar adelante propuestas integrales en materia de seguridad. Aquí se analizan las ventajas de posicionar fuertemente a las políticas de seguridad como políticas públicas con participación comunitaria y que estos nuevos esquemas implican el establecimiento de distintos tipos de niveles y de estructuración reglada de estos espacios.

Lo que redefinirá roles, planteará la integración con nuevos actores y se reflejará en las interrelaciones entre el aparato del Estado con la estructura social. Esto conlleva la institucionalización de nuevos órganos del aparato burocrático, pero también, en la medida que significa una rearticulación del poder del Estado, implica también una nueva cultura organizacional y política (y hacia la sociedad civil la reconstrucción del imaginario social).

El tercer eje o cuestión hace a la reforma del aparato administrativo o de sostén burocrático de las reformas políticas instrumentadas. Una reforma del sistema de seguridad (preferentemente políticamente consensuada), que incorpore a la participación comunitaria como estrategia clave para garantizar el proceso, debe estar acompañada de una descentralización y optimización del aparato burocrático, para no estar condenada al fracaso de antemano.

Si queremos modelos sociopreventivos, con involucramiento activo de la ciudadanía, en un problema que en las ciudades latinoamericanas se agrava diariamente, es necesario comenzar a tomar conciencia que la jerarquización de esta política pública debe ser considerada desde su concepción, amén de la decisión política y presupuestaria que presupone.

Este rediseño implica un cambio paradigmático, que no puede hacerse, sino con una reforma del Estado de nueva generación.