Participación ciudadana y municipios en Chile : reformas legales y cambio de escenario

Abstract

El proceso de descentralización en Chile tiene más de dos décadas desde las primeras reformas introducidas por el gobierno militar a finales de la década de los setenta -ello, sin tener en cuenta los tímidos intentos de la década del sesenta con la política de los "polos de desarrollo", la planificación y un borrador de regionalización que no llegó a implementarse-, en el transcurso de los cuales se ha realizado avances significativos tanto en el plano municipal como el regional, antes inexistente. Este proceso se ha desarrollado en el contexto de un conjunto más amplio de reformas que ha modificado el tradicional rol del Estado, paralelamente a las transformaciones de la estructura social y la cultura política.

En lo que se refiere específicamente al municipio, es claro que se han producido reformas que han perfeccionado la normativa, su estructura de gobierno, los mecanismos de participación y el sistema de financiamiento de los gastos municipales. Ello ha ido acompañando de una creciente presencia de los asuntos municipales en la agenda pública y en las preocupaciones de los partidos políticos, actores sociales más relevantes y de los organismos internacionales que respaldan proyectos de modernización de la gestión pública.

Sin embargo, lo anterior no debe ocultar que existen un conjunto de elementos que se constituyen en obstáculos de cara al fortalecimiento municipal y a la dinámica del proceso de descentralización en su conjunto, entre los cuales se destacan los escasos y poco utilizados mecanismos de participación.

Si bien es cierto que algo de esto se ha producido -cada vez más, los temas municipales son parte de la agenda pública- no lo es menos que la legislación es bastante pobre en lo que se refiere a mecanismos de participación. Hay que tener en cuenta que las escasas competencias -y la falta de claridad-, el excesivo centralismo, un estilo personalista de gestión, así como la falta de recursos económicos y humanos atentan contra las posibilidades de una mayor participación ciudadana.

La nueva LOCM aprobada en 1991 establecía dos mecanismos de participación: el consejo económico y social comunal (CESCO) y los plebiscitos. Ambos fueron un fracaso, aunque por diferentes razones. La reforma a dicha ley en 1999 elimina la obligatoriedad del consejo económico y social y asigna a cada municipalidad el decidir cuáles serán sus mecanismos de participación. Las dificultades legales -ahora moderadas- y las restricciones económicas han hecho que los plebiscitos sean mecanismos poco utilizados.

Además de estos instrumentos, las municipalidades han implementado otros mecanismos de participación, tales como consultas domiciliarias y consultas sobre el destino de los recursos que los vecinos cancelan por concepto de permiso de circulación, reuniones periódicas y la elaboración participativa de los planes de desarrollo comunal. Todos ellos tienen la característica común de depender de la voluntad del alcalde. La última reforma introduce dos modificaciones importantes: se regulan las audiencias públicas y la existencia de una oficina de partes y reclamos municipales.