Las políticas sociales y los cambios de las responsabilidades jurisdiccionales en la prestación de servicios. El caso argentino

Abstract

El trabajo analiza en primer término la modalidad y los resultados del proceso de descentralización de políticas sociales en Argentina, constatando que las transferencias realizadas a las provincias -de los servicios educativos, de salud, y saneamiento- han convertido al nivel intermedio del Estado en el principal escenario de las políticas sociales en Argentina. A partir de esta situación, se consideran los desafíos institucionales que supone la nueva modalidad de gestión descentralizada.

En un segundo momento de la ponencia, se describe como, de manera simultánea a la descentralización de políticas universalistas, se incrementa gradualmente el número y los tipos de programas nacionales contra la pobreza y el desempleo, refiriendo brevemente las modalidades de gestión de los mismos.

Las principales observaciones en relación a los temas antes mencionados son las siguientes:

-La orientación de la política de descentralización de la jurisdicción nacional del estado ha sido predominantemente fiscalista. Además de instrumento para la externalización de costos del nivel central, la descentralización opera como mecanismo para la descompresión de demandas sociales sobre dicha jurisdicción.

-En los distintos momentos del proceso de transferencias a las provincias, han existido mecanismos de imposición sobre los estados receptores.

-Los cambios en la responsabilidad jurisdiccional de algunos servicios se han realizado sin un análisis sistemático y explícito de las características específicas que asume la problemática social e institucional en cada provincia. Tampoco han sido previstos mecanismos que permitan a estos niveles adoptar los mínimos recaudos necesarios para una adecuada gestión de los servicios.

-Las heterogeneidades interprovinciales mencionadas hacen recomendable la aplicación de criterios de "discriminación socio-territorial e institucional positiva" (mayor asistencia técnica y financiera para quienes más la necesitan). Asimismo, el nivel central debería contar con un sistema de evaluación y seguimiento del proceso de descentralización, que le permita monitorear el cumplimiento de objetivos y metas por parte de los receptores de programas y servicios transferidos.

-Existen déficits en la promoción de políticas de articulación entre las distintas jurisdicciones, que atiendan a la definición de criterios comunes en orden a las poblaciones objetivo, formas de acceso, contenido de las prestaciones básicas, políticas de infraestructura y equipamiento, mecanismos de compensación de diferencias regionales, formación de recursos humanos, etc.

-El proceso actual de ajuste fiscal constituye un mecanismo aparentemente acotado, limitado al desmantelamiento de las modalidades de acción típicas del estado de bienestar en Argentina, sin que se contemple sistemática ni institucionalmente el desarrollo de un sistema alternativo de gestión pública que permita el mejoramiento de las condiciones de gobernabilidad de los servicios. C.T.