El fortalecimiento del derecho administrativo como presupuesto de la modernización del Estado : anotaciones del caso boliviano
Resumo
No es posible ignorar un concepto actual que deviene en un proceso. Un concepto generador de los cambios en términos económicos, jurídicos y sociales, la globalización. Bolivia no está lejos de los cambios, al ser parte integrante de comunidades organizadas en grupos regionales como el Pacto Andino, MERCOSUR, etc. y pertenecer a la órbita de países en desarrollo principalmente financiados por organismos internacionales está viviendo los procesos modernizadores del cambio en lo que es el nuevo Estado y su concepto. La privatización de los servicios públicos, la nueva economía de mercado, el nuevo orden de cosas en las relaciones comerciales a partir de la pretensión de unificar las economías y la búsqueda de un mercado común ha agilizado las reformas en toda la región. Estas reformas naturalmente vienen acompañadas de normas y de reglamentos de aplicación nuevas. Empero es necesario detenerse en un tema fundamental, no debe ni puede dejarse de lado la incorporación del ciudadano como actor en este cambio. Una incorporación que le permita no solamente el conocimiento de sus derechos, dentro de su relación con el Estado, vigentes y plenos, sino el ejercicio libre de los mismos. Un país con la estructura institucional de bases comunitarias que le ha permitido sobrevivir a las insostenibles, numéricamente, límites de la pobreza no puede ignorar que los presupuestos de la convivencia ciudadana tiene un marco preestablecido desde hace mucho tiempo. Este marco deberá ser un presupuesto viable para hacer no solo posible sino eficiente y eficaz la modernización de un Estado como el nuestro, multiétnico y pluricultural. El Derecho Administrativo en Bolivia ha desarrollado un complejo número de normas y reglamentos específicos que si bien conforma un cuerpo jurídico es todavía muy disperso y con poca estructura doctrinal. Las escuelas de Derecho Administrativo son fuente constante de las normas de administración que se vienen legislando en nuestro país empero no se puede definir que se sigue una corriente doctrinal determinada. Esta situación proporciona en su caso, la ventaja de las normas eclécticas, que pretenden combinar las ventajas de diversas corrientes doctrinales. Aunque Bolivia no cuenta con una ley de procedimientos administrativos, existe un proyecto que se encuentra en revisión en la Cámara de diputados, han sido promulgadas normas administrativas y contempla la Constitución Política del Estado (CPE) normativa especial referente a otorgarle las garantías adecuadas al ciudadano ante el mal accionar del poder público. Empero estas garantías no son utilizadas por efecto natural del descrédito en la justicia y el convencimiento tradicional de la retardación de justicia.. A pesar de la constante elaboración y promulgación de reglamentos y normas de carácter administrativo aún no se pueden evaluar los resultados de los cambios trascendentales realizados en la estructura económica y social de nuestro país.