Participación y control ciudadano en el Estado post-privatizador

Abstract

La debilidad estructural del usuario, cliente o consumidor de servicios públicos se ha profundizado en tiempos de la globalización. La pérdida relativa de autonomía de los Estados nacionales, en tales tiempos, se muestra en su capacidad de regulación y control toda vez que, a la ya preexistente necesidad de un trabajo conjunto de gobiernos y empresarios propia de un sistema de mercado, se suma una virtual internacionalización de las decisiones básicas en materias no sólo económicas sino también políticas y sociales, escenario en el cual juegan un rol preponderante empresas multinacionales. La dinámica de estas últimas se encuentra informada por un "final de la geografía" y, por ende de la territorialidad del poder y de su consecuente capacidad de regulación y control.

En el marco de estas limitaciones estructurales, la posibilidad de que se atienda a las necesidades y a los consecuentes derechos de los usuarios, consumidores o clientes se vincula a la manera cómo se comprenda a los entes reguladores de servicios públicos y a la participación que éstos reconozcan a aquéllos. Si el usuario, consumidor o cliente es observado sólo en virtud de la contraprestación económica que ofrece a cambio del servicio que demanda, supondrá una regulación y control diferente a si es observado como un ciudadano titular de derechos cuya efectividad es menester respetar con independencia de su capacidad económica.

La descripción de las posibilidades a las que pueda orientarse un ente regulador, según sea su comprensión del destinatario final de los servicios públicos, no puede prescindir del fenómeno de la globalización. Por ello el presente trabajo incluye el análisis del ente regulador previsto en la reciente "Carta del Ciudadano" de la Provincia de Córdoba, República Argentina, en tanto constituye un modelo interesante a los fines de constatar hasta dónde un ciudadano-usuario puede adquirir poder real en tiempos de la globalización.