La descentralización fiscal en Venezuela

Abstract

Se describe la experiencia de descentralización fiscal en Venezuela, haciendo referencia a los antecedentes y a las principales características de este proceso. Se comentan las responsabilidades del Gobierno Central y de los gobiernos subnacionales, se examinan las nuevas fuentes de financiamiento, y se discuten las opciones y las perspectivas para el futuro.

La tendencia hacia el centralismo comienza a revertirse en Venezuela desde los años ochenta, y este hecho encuentra su expresión en una gama de instrumentos legales de los cuales el más importante es la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (LOD) promulgada en 1989. Esta ley establece la transferencia prácticamente automática de competencias exclusivas hacia los Estados. Por su parte, el Situado Constitucional ha sido la principal figura en el ámbito de las transferencias financieras intergubernamentales.

La descentralización fiscal en Venezuela ha operado a dos velocidades diferentes. Por una parte, se ha producido una muy rápida descentralización del gasto, que implica el aumento cada vez más importante de transferencias del gobierno central a los gobiernos subnacionales. Este proceso, que ha complicado la situación presupuestaria a nivel central, ha ocurrido sin que existiese una correspondencia entre las transferencias financieras y la asunción de responsabilidades. Por otra parte, se ha dado una descentralización muy lenta en cuanto a la recuperación de los ingresos propios de los niveles subnacionales de gobierno. Estas dos velocidades determinan una falta de correspondencia fiscal que puede tener efectos adversos.

A diferencia de otros países, la descentralización venezolana se inició en la dimensión política sin ninguna preparación desde el punto de vista de la organización del Estado. La falta de lineamientos claros ha hecho que las transferencias de competencias, tanto exclusivas como concurrentes, fuesen algo fortuitas, asociadas a las ópticas de algunos gobernadores.

En estas circunstancias, es preciso que el Gobierno Central retome la conducción del proceso de descentralización para que la recomposición de responsabilidades y los cambios en las finanzas públicas evolucionen en una forma más ordenada y eficiente. Se trata de que el país pueda aprovechar las potencialidades humanos y de recursos materiales que se derivan de la profundización de la democracia que conlleva la descentralización, para elevar el nivel espiritual y material de la vida de los ciudadanos.

En este sentido, es necesario abordar adecuadamente el problema de las finanzas públicas. La descentralización es un proceso que requiere de financiamiento, por lo que se plantean las siguientes recomendaciones: mejora sustancial de los servicios transferidos desde el Gobierno Central; elevación de la capacidad de gestión de estados y municipios; realización de inversiones físicas y de mejoras en la infraestructura de los servicios transferidos; enfrentar los costos por pérdidas en las economías de escala; y determinación de recursos para enfrentar los pasivos laborales de los trabajadores transferidos. C.S.