La descentralización y la reforma regional en Chile

Abstract

En este trabajo se postula que la calidad relativa del sector público será factor fundamental de la competitividad económica y del bienestar de las naciones en el mundo globalizado del siglo XXI. Por su parte, en un país en el que como Chile cerca del 40 por ciento de la población vive en la región metropolitana, a raíz del histórico carácter centralizado del Estado y de las economías de escala de diverso tipo que suelen inducir la concentración geográfica de buena parte de la actividad económica, se requiere de un esfuerzo permanente de fortalecimiento de sus instituciones regionales y locales y de compensación de las regiones atrasadas. La disminución de las brechas y disparidades territoriales parece estar directamente imbricada con la descentralización político-administrativa y de los mecanismos de asignación de la inversión y los subsidios públicos.

En el nuevo contexto democrático, darle vida autonómica concreta a las instituciones comunales y regionales sólo podía ocurrir a través de su redemocratización. Debía asimismo eliminarse la fuerte discrecionalidad existente en la asignación de recursos a los territorios y multiplicar el impulso descentralizador de atribuciones y recursos. A ese desafío han estado abocados los gobiernos posteriores a 1989.

Los nuevos órganos que componen el Gobierno Regional, tal como quedaron establecidos en la reforma constitucional de noviembre de 1991 y en la Ley de Gobierno y Administración Regional de marzo de 1993, son el Intendente como su ejecutivo y el Consejo Regional como el ente llamado a hacer efectiva la participación de la comunidad regional. La ley contiene diversas funciones y atribuciones que se le otorgan al gobierno regional, pero son de momento más programáticas que reales. Lo más importante es que establece un mecanismo de transferencia de competencias flexible, que debiera ser de gran importancia en el futuro para avanzar en la descentralización regional.

El texto subraya que el nuevo esquema de financiamiento regional tiene como trasfondo optar por políticas de promoción de la inversión pública de los diversos niveles y sectores del Estado (susceptibles a su vez de estimular la inversión privada), como mecanismo de reducción de las disparidades de crecimiento y de desarrollo social entre regiones.

Una vez reseñado un balance de la reforma realizada, se concluye que los desafíos cruciales a abordar en el futuro próximo parecen ser flexibilizar y adaptar a las realidades regionales particulares los instrumentos de fomento productivo y, al mismo tiempo, acentuar los mecanismos de coordinación interadministrativa para obtener una mejor programación de la actividad pública región por región. G.D.M.F.