Implementación de instituciones de gestión participativa : los casos de Córdoba (Argentina) y Porto Alegre (Brasil)

Abstract

La democratización política y la descentralización son dos de las líneas fundamentales que orientan los procesos de reforma del Estado cuya implementación, en América Latina, ha llevado a la revalorización de los gobiernos locales y a la introducción de nuevas formas de gestión que, en este nivel, persigan la democratización de las sociedades locales y permitan su acceso a las distintas fases de elaboración de las decisiones públicas.

Esta tendencia nos animó a analizar los contenidos democráticos de las instituciones, denominadas de gestión participativa, poniendo especial énfasis en la aptitud de estas para la creación de un nuevo espacio público sobre la base de la preeminencia de una lógica deliberativa.

El objetivo de este emprendimiento es evaluar desde un criterio político-normativo, las condiciones y límites de estos nuevos espacios institucionales en tanto procesos deliberativos acordes con la autodeterminación de los ciudadanos. La relevancia de este enfoque es contribuir a dilucidar si la gestión pública local se libera del anclaje de una racionalidad económica o burocrática, de tipo cognitivo-instrumental, dando oportunidad al despliegue de la racionalidad dialógica-comunicativa, una racionalidad sustantiva orientada por fines.

Lo que pretendemos es acercarnos con nuestras observaciones a los rasgos o tendencias democráticas que los casos, de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y la Prefectura de Porto Alegre, asumen en la implementación de las distintas instituciones de gestión participativa, para evaluar su contribución al desarrollo de espacios que, en el marco de una "Democracia Integral", suponen la participación del ciudadano en la deliberación que le afecta.

Estamos refiriéndonos, entonces, a la consideración de personas libres e iguales para determinar las condiciones de su propia vida, que deben de disfrutar de los mismos derechos en la especificación del marco que genera y limita las oportunidades disponibles para ellos, siempre y cuando no utilicen este marco para negar los derechos de otros. Hablamos del reconocimiento de su capacidad de razonar conscientemente, de ser reflexivos y autodeterminantes.

Todo lo cual implica la afirmación de la autonomía de las personas, de la capacidad para deliberar, juzgar, escoger y actuar entre distintos cursos de acción posibles que reside en el desarrollo de la prudencia. Tanto en el modo de proyectar, conducir y revisar su concepción de la propia vida, y como de comprender no solamente lo que es bueno para ella sino también para cualquier otro ser humano, al extenderla a la deliberación en torno de la acción orientada a la consecución de una vida buena dentro de la comunidad política. El prudente "es aquel que puede pasar discursivamente de "lo bueno para mí" a "lo bueno para todos"".