Descentralización judicial y administrativa

Abstract

Optimización de la organización administrativa y utilización de los recursos. Es ésta un área en la que particularmente se aprecia la ineficiencia heredada por los actuales Miembros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Se trata de la administración de la administración de Justicia, que, a los efectos de evitar reiteraciones que inducen a confusiones, preferimos nominar como gerenciamiento de la administración de justicia.

A este respecto y por vía de superar el desorden y la carencia de planificación e informaciones requeridas, la Corte buscó implementar una amplia política tendiente a alcanzar niveles óptimos de operatividad, racionalidad, eficacia y eficiencia tanto en cuanto se refiere a aspectos vinculados a la función Jurisdiccional (tales como imprescindibles reformas en el manejo de los expedientes judiciales), como en las unidades y dependencias propiamente administrativa que le sirven de soporte.

En general, y este no es un problema privativo de nuestra administración de justicia, sino que se trata de un fenómeno común a muchas administraciones de distintos países. Es que el profesional abogado que accede a la titularidad de un juzgado y el personal judicial que le sirve de soporte normalmente no han sido preparados ni entrenados para el manejo de oficinas o lo que el lenguaje actual de gestión se conoce como marketing cuyos principios, por cierto, no se limitan a las gestiones meramente empresariales.

Por tanto, como política general, la Corte plantea el desarrollo de unas acciones que comprendan un diseño general eficiente, introduciendo las reformas en la legislación y en los procesos administrativos que se vinculan.

La definición precisa de funciones fijándolas en manuales operativos apropiados; y como consecuencia de ellos, una también precisa distribución y estructuración de los cargos y salarios; todo ello, enmarcado dentro de una planificación y evaluación que permita ir controlando el progreso de su desarrollo.

Naturalmente que la implementación de esta política supone la puesta en practica de una multiplicidad de programas entre los que se destacan algunos proyectos específicos, como ser la informatización general del Poder Judicial, lo que a su vez demandará la implantación de su propia red telemática. Entre unos de los objetivos más importantes, como ya se ha señalado, desde luego que se contempla, consecuentes con el espíritu de la Constitución Nacional, la progresiva descentralización del gerenciamiento, ya que la administración de la justicia, propiamente dicha, ha avanzado considerablemente en esta materia al crearse las distintas circunscripciones territoriales.

Un aspecto fundamental vinculado a esta política radica, finalmente, en la necesidad de definir y afirmar de manera coherente, positiva y consecuentemente la autarquía económica del Poder Judicial. Si ella no se desenvuelve dentro de márgenes de previsibilidad razonables, la planificación anual de actividades estará sujeta a situaciones variables, y está dicho que no pocos esfuerzos cumplidos en el área resultarán nulificados.

La Corte Suprema de Justicia, en el desenvolvimiento de sus actividades es consciente de que los recursos son limitados. De ahí que, varios proyectos de alta importancia para el país, serán cumplidos merced a la cooperación internacional. Pero ésta demanda contrapartida y la racional obtención y aplicación de recursos locales. De ahí la necesidad de desarrollar ésta política tendiente a optimizar el gerenciamiento de sus actividades, que a su vez permitirá exhibir resultados que darán testimonio de su exactitud y acierto.