Centralización y descentralización en Argentina

Abstract

La nueva etapa de descentralización que se avecina en la República Argentina reclama una profunda reflexión sobre los orígenes y las consecuencias de la centralización a nivel del gobierno federal con el objeto de explicar no sólo las dificultades experimentadas en el pasado sino para prevenir las futuras.

En una primera parte se realiza, en apretada síntesis, un análisis histórico desde la época virreinal hasta la actualidad relacionando los distintos factores que incidieron en el lento proceso de consolidación del estado argentino en lo territorial, lo institucional y lo político.

El sistema federal impuesto por la realidad geográfica económica, social y cultural, fue consagrado en la Constitución de 1853 con la que se inicia la Argentina moderna. Inauguro un período de relativa estabilidad política y social y gran crecimiento económico, pero la solución constitucional al financiamiento del gobierno central y de las provincias, origen de los conflictos que marcaron desde 1810 las relaciones entre los mismos, funciona solo hasta la crisis de 1890, cuando comenzó el avance de la nación.

Los problemas fiscales de la Nación y de las Provincias fueron moldeando las relaciones de dominación y sometimiento que impidieron el ejercicio real de la autonomía provincial. El sistema político se mostró incapaz de superar la etapa de gobierno oligárquico que dominó las primeras siete décadas de la república constitucional. La intervención de las provincias, la centralización y la extensión del control del gobierno nacional fueron la regla. La crisis de 1930 dio origen a nuevos avances nacionales con la coparticipación federal, y a la inestabilidad política y la sucesión de golpes militares.

En 1954 comenzó la provincialización de los territorios nacionales, completada en 1994. La descentralización de servicios a las provincias comenzó con hospitales en los 1960 y de escuelas primarias en los 1970.

La consolidación definitiva del sistema democrático con la participación irrestricta de todos los sectores llega con la elección de Alfonsin en 1983. En 1989 el estallido hiperinflacionario conduce al nuevo gobierno de Menem a reformas amplias y profundas en el estado nacional, completándose las transferencias de todas las escuelas y hospitales que quedaban bajo control nacional, con sus presupuestos.

La reforma constitucional de 1994 dio por primera vez fundamento constitucional a la coparticipación federal. Establece que la distribución debe ser proporcional a las funciones asignadas a cada nivel, las que no pueden ser alteradas unilateralmente por el gobierno nacional. Pero el sistema fiscal federal que continua vigente representa una seria violación del principio de correspondencia fiscal (la autoridad que gasta es la que debe recaudar), básico para el control social en la democracia.

Este problema, tan difícil de resolver en un sistema federal, y más aun con las deformaciones acumuladas del argentino, es crucial para la eficiencia social y económica del gasto publico. Es sin duda uno de los principales problemas pendientes para el país.