Capacidad regulatoria en el Estado ecuatoriano

Abstract

En años recientes, varios Estados han definido políticas para mejorar la calidad de sus procesos decisionales, en particular para la construcción de sistemas de gestión de la regulación y control en las entidades públicas. Los reportes internacionales sobre la calidad del poder normativo del Estado señalan que es necesario, como parte de la transformación democrática, aumentar la eficiencia del uso de las normas incluyendo un programa de mejora regulatoria para vincular el diseño de regulaciones con los objetivos nacionales en relación a la economía, la salud, la educación, el medioambiente. La calidad del poder normativo del Estado, por lo tanto apunta a establecer un conjunto de instituciones, mecanismos, procedimientos y prácticas para que la regulación maximice el beneficio social neto de la población.

La implementación de un nuevo sistema regulatorio en Ecuador ha traído resultados de alto impacto, logrando el desarrollo de regulaciones de calidad que protegen la salud de la población, dinamizan la gestión de los recursos estratégicos y la productividad y protegen el medio ambiente. Desde un punto de vista institucional, se reviste al Estado de una organización clara y especializada para ejercer las atribuciones de regulación en los campos económicos, productivos, sociales y ambientales. La Senplades se encuentra coordinado e implementado la calidad del proceso regulatorio en instituciones del Ejecutivo, incrementando su capacidad institucional para regular a 30.5 %, sobre la base de decisiones basadas en riesgos e impactos, siendo la meta a alcanzar para el año 2017 de 80%, demostrando un avance muy significativo hasta el momento.

El programa de la mejora de la calidad regulatoria, se ha constituido en una prioridad para el Estado ecuatoriano, debido al impacto que el desarrollo del ordenamiento jurídico tiene para organizar y dirigir el Buen vivir, con el fin último de que toda norma responda al interés general, aplicando las disposiciones constitucionales.

La buena regulación beneficia a todos los habitantes del territorio nacional al conducir y orientar las interacciones, transacciones y comportamientos de los distintos actores de la sociedad con responsabilidad. Utilizando herramientas e instrumentos analíticos como el análisis de impacto regulatorio, los procesos estructurados de consulta pública y la simplificación regulatoria a escala nacional, permite que las regulaciones se vinculen a los objetivos programáticos del Estado ecuatoriano. En este sentido, es la tecnificación del proceso decisional, la que proporciona a los reguladores capacidades analíticas e institucionales para: a) Mejorar la calidad y esperanza de vida; b) Construir un sistema económico sostenible basado en la redistribución igualitaria de los beneficios; c) Democratizar la gestión del poder público con participación social; d) Recuperar y proteger un medio ambiente sano y sustentable; e) La integración regional e internacional con soberanía; y f) La unidad del Estado, una sociedad pluralista y autodeterminada.