Las competencias de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes en España y sus funciones de coordinación tras la aprobación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local

Abstract

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es la reforma más importante de cuantas se han producido en los últimos años en relación al régimen jurídico municipal.

Uno de los aspectos con relevancia contenidos en la disposición normativa es el papel y función que las entidades Provinciales o Insulares adquieren en tanto coordinadores en su territorio de un conjunto de competencias y servicios de prestación municipal que se indican en las siguientes páginas.

La posibilidad de que las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes coordinen la prestación de los servicios municipales no es algo novedoso de la LRSAL, ya que tal coordinación se incluía como competencia propia de las Diputaciones Provinciales en el artículo 36.1,a) de la LRBRL.

La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, mediante la modificación del artículo 26.2 de la LRBRL, se refuerza el papel Coordinador de las Diputaciones Provinciales, o Entidades equivalentes que pasan a poder coordinar la gestión de algunos servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Así como se asignan nuevas competencias propias de las Diputaciones o Entidades equivalentes tales como; la prestación de los servicios de secretaría e intervención; el fomento o la coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial; asumir la prestación alternativa de los servicios de tratamiento de residuos y la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios de menos de 5.000 habitantes; el tratamiento de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación; la asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, y servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios; la prestación de los servicios de administración electrónica; la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes.

Finalmente, las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes asistirán al resto de Corporaciones Locales y colaborará con la Administración que ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económicos-financiero.

Palabras clave: Administración Local Española; Diputación Provincial, Colaboración, Cooperación, Competencias, Servicios a los ciudadanos, Entidades locales intermedias, Estabilidad presupuestaria; Racionalización, Sostenibilidad.