El diseño institucional como política pública para responder de manera efectiva a los problemas de la agenda pública: un acercamiento a través del proceso de reforma democrática del Estado ecuatoriano

Abstract

La nueva forma de concebir a las instituciones y organizaciones que se propone desde los paradigmas actuales, ha vuelto la mirada hacia ellas como el centro de la vida social, política y económica de una sociedad, razón por lo cual se torna necesaria una adecuada comprensión y efectiva incidencia en ellas para lograr normar la sociedad y procesar sus demandas. En esta línea, incidir en el proceso de institucionalización social a partir de la dinámica institucional y de la comprensión y adaptabilidad entre las relaciones formales e informales que conforman las instituciones sociales, se torna una necesidad que genera la posibilidad de cambiar y rediseñar su funcionamiento y estructuración en relación a aquello que opera en el entorno y la posibilidad de incorporar ciertas pautas acordes a los nuevos contextos, adaptando su rol y funcionamiento. Es así que, asumiendo este proceso desde la administración pública, el diseño institucional se convierte en una herramienta de política pública que otorga al Estado las capacidades de: responder al contexto de incertidumbre en el que operan los diferentes actores sociales; estructurar marcos organizacionales eficientes para administrar las demandas; e, incidir en la institucionalización de prácticas y formas de comportamiento que incentiven cambios de carácter estructural.

En esta línea, desde el año 2007 el gobierno nacional, asumiendo la importancia y el rol de las instituciones, tanto formales como informales, emprendió un proceso de reforma democrática del Estado, apalancado en el diseño institucional como principal política pública para la constitución de un nuevo modo de regulación social que se relacione y alimente de manera participativa e inclusiva con la sociedad, como base para impulsar cambios sociales y económicos en el país. El resultado de este proceso ha sido la reestructuración de la Función Ejecutiva, la descorporativización de las instancias estatales de decisión pública, la optimización de las instituciones del aparato estatal, la construcción de mecanismos e instancias de relacionamiento con la sociedad civil, la recuperación de la autoridad pública y con ella las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y redistribución, con la finalidad de transformar las relaciones de poder y construir una sociedad democrática, equitativa, igualitaria, inclusiva, solidaria y fraterna.

En la actualidad el proceso de diseño institucional apunta a corregir las disfuncionalidades y acelerar los procesos en materia institucional que permitan consolidar e institucionalizar el Estado del Buen Vivir; fortalecer el poder popular y ampliar la participación ciudadana; profundizar el viraje programático como base de la transformación económica, política, social y cultural del país, lo que supone el destierro de los viejos paradigmas desarrollistas y modernistas; optimizar la funcionalidad y efectividad de la administración pública; y a articular la gestión y el relacionamiento intergubernamental.