¿Puede haber protección social integradora en América Latina que combine opciones focales y universales de bienestar?

Abstract

El artículo analiza la dualización de los sistemas de protección latinoamericanos producto de la segmentación laboral, agudizada en el presente por la incorporación vía políticas de asistencia de los segmentos de población considerados pobres, los que a su vez mantienen vínculos informales con el mercado de empleo.

Si bien la inclusión de esos grupos sociales a los esquemas de protección es un avance sociopolítico en la región, ya que inicia un proceso de reversión de la fuerte exclusión a la que eran sometidos esos sectores, simultáneamente se desdibujan los impactos positivos debido a la profundización de la dualizacion entre el subsistema de asistencia (no contributivo) y el de bienestar (contributivo).

El mencionado componente de asistencia se ha visto reforzado en este continente por la adopción de los programas de Transferencias Condicionada de Renta (TCR), que a diferencia de otras iniciativas de asistencia presentan una cobertura considerable, tendieron a estabilizarse y cuentan con presupuesto nacional, aunque limitado, para su puesta en marcha.

Uno de los grandes desafíos que tienen los países latinoamericanos en materia de bienestar radica en las posibilidades de reducir la mencionada dualización en la atención a los riesgos sociales promoviendo para ello la creación de nexos institucionales entre sus diversas partes del esquema de protección. En este sentido, cabria indagar sobre las posibilidades que ofrecen estos nuevos programas sociales jugar como un eslabón específico de interconexión de los componentes de la seguridad social.

El objetivo de este artículo es discutir las posibilidades políticas e institucionales que se tiene para el caso uruguayo de que el programa nacional de TCR, en este caso específico, las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM) de transformarse un mecanismo de protección social vinculado con el mercado laboral de forma de moderar y/o inhibir la dualización de la matriz de bienestar y seguridad social.