La protección del denunciante ante las agencias anticorrupción y el uso de las TIC

Abstract

Con frecuencia, los casos de corrupción pasan desapercibidos y no son conocidos por aquellas autoridades competentes para investigarlos o, en su caso, para sancionarlos. Muchas de estas situaciones sí son conocidas por aquellas personas cercanas a los implicados o a sus actuaciones aunque generalmente no se plantean denunciarlo por miedo a represalias particularmente cuando se trata de un superior jerárquico o un compañero de oficina.

En los últimos años diferentes ordenamientos jurídicos han previsto la puesta en marcha de mecanismos específicos para facilitar que se desvelen situaciones de mala administración, conflictos de intereses y corrupción contrarias al ordenamiento jurídico o a los estándares éticos lo que es conocido por el término inglés whistleblowing, es decir, desvelar o denunciar una situación ilegal o, coloquialmente, tirar de la manta.

A través de estos mecanismos para desvelar situaciones irregulares o ilegales se implica a los empleados públicos y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. Esta información se considera relevante para la identificación o futura investigación de los casos de corrupción. El establecimiento de este mecanismo de denuncia o de información exige articular la protección necesaria no sólo para evitar represalias sino también para alentar a todos aquellos que tengan conocimiento de un caso de corrupción a que lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes. En este punto, los medios electrónicos pueden jugar un papel relevante.

Esta ponencia analiza los procedimientos existentes a nivel comparado para la denuncia e investigación posterior de la corrupción. En particular, se examina el impacto que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación pueden tener para proteger a los denunciantes, garantizar la eficacia del procedimiento de investigación que emprendan las agencias anticorrupción y favorecer la transparencia de sus actuaciones. Asimismo, se estudian aquellos aspectos que pueden verse especialmente afectados por el uso de los medios electrónicos por parte del denunciante como son la protección de su anonimato y la protección de sus datos personales.