La Contraloría General de la República: control y participación ciudadana en Colombia

Abstract

La Contraloría en Colombia surge, al igual que otros de sus pares en América Latina, en el marco de la misión Kemmerer e inicia a partir de allí un proceso de institucionalización que comprende su reconocimiento constitucional y la garantía de su autonomía administrativa y presupuestal.

El proceso de adecuación institucional al nuevo marco establecido en la constitución de 1991 se realizó en tres momentos. La reforma (1991-1999); su consolidación (2000-2010) y la innovación institucional (2011-a la fecha)

La reforma constitucional de 1991, se implementa en 1993 con un nuevo modelo de control fiscal técnico, posterior y selectivo. Se consolida en el año 2000 con los ajustes a los procesos de responsabilidad fiscal y el establecimiento de su estructura; funciones, planta de personal, nomenclatura y clasificación de los empleos; el sistema de remuneración y el régimen de carrera administrativa especial de los funcionarios de la entidad. La última etapa, inicia con la expedición del estatuto anticorrupción orientado a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y continúa hoy con permanentes innovaciones a la institucionalidad vigente.

A partir de la expedición de de la constitución de 1991 el control realizado por las contralorías pasa de previo y perceptivo a posterior y selectivo. La contraloría desarrolla su misión mediante cuatro procesos misionales: a) Control fiscal micro encargado de la vigilancia fiscal de las entidades controladas y de aquellas sobre las cuales se solicita control excepcional; b) Control fiscal macro y sectorial responsable de evaluar el comportamiento de las finanzas del Estado y el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos del Gobierno, así como, el impacto de las políticas económicas sobre el crecimiento económico, la distribución del ingreso y la posición fiscal del sector público. c) Responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva facultada para determinar la responsabilidad fiscal, con el objeto de buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público; y d) Control fiscal participativo como la concurrencia del control ciudadano y el control fiscal.

Respecto a este último, la Contraloría adopta en el año 2000 unos objetivos que reconoce su dependencia de la comunidad en una relación de principal-agente en la cual la primera actúa en representación de los ciudadanos. A partir de entonces se ha vinculado la participación en el ejercicio del control fiscal a través de las estrategias del control fiscal participativo y de la coordinación interinstitucional con los organismos de la rama ejecutiva.

La Contraloría vive hoy un período de innovación normativa que se traduce en el ajuste del proceso de responsabilidad fiscal, la incorporación al mismo del proceso verbal, el ajuste de la estructura y la planta de personal con la incorporación de unidades ejecutoras dependiendo directamente del despacho del Contralor General y por la creación la planta temporal para atender el control y vigilancia del Sistema General de Regalías.