La contratación interadministrativa como herramienta para potenciar las capacidades del Estado

Abstract

El 19 de julio de 2012 entraron en vigencia los Decretos Nº 1187, 1188, 1189, 1190 y 1191 por medio de los cuales se establecieron políticas homogéneas de contratación para el pago de haberes, adquisición de automóviles, provisión de combustibles y lubricantes, compra de pasajes aéreos y contratación de telefonía celular móvil, radio y transferencia de datos respectivamente, aplicables todos, a las jurisdicciones y entidades de la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social de la República Argentina.

A tales fines, esos decretos propician la suscripción de convenios interadministrativos, o bien la celebración de acuerdos marco, que permitan obtener mejores condiciones de contratación.

Entre los objetivos de las medidas adoptadas por tales actos, se destacan la de mejorar en la eficacia, la eficiencia en el uso de los recursos y la economía en el cumplimiento de los objetivos de las jurisdicciones y entidades del sector público, contribuyendo al mismo tiempo, a la realización del interés general cuya gestión incumbe al Estado.

De este modo, resultó oportuno disponer una excepción al régimen general de contrataciones públicas, canalizando el poder de compra del Estado Argentino hacia entidades que revisten naturaleza pública, sin dejar de considerar las cuestiones relativas a contratar asegurando, al mismo tiempo, servicios de calidad.

A la par, la comprensión del Estado Argentino como generador de bienes públicos requiere de una reinterpretación dinámica de sus formas de organización que también se traducen en nuevos procesos, circuitos, en la definición de pautas de interrelación entre organismos y empresas públicas y en el alcance de sus instituciones.