Mecanismos del derecho administrativo para una buena administración: la transparencia en la gestión pública. El caso boliviano

Abstract

Si entendemos que las Administraciones Públicas se justifican como servicio civil, es decir, a la ciudadanía, a la gente, hemos de reconocer que esa estructura básica, institucionalizada ha de estar presente para su desarrollo. América Latina ha pasado en los albores del siglo XXI por las llamadas reformas de primera y segunda generación, y con ellas indudables aportes y no menos frustraciones en la búsqueda de mejorar la gestión pública y en algunos casos, de construir un sistema meritocrático inexistente para lograr el instrumento deseado como sistema garantista del ciudadano.

Sin embargo, pasados los años reformistas los cambios en la gestión pública se han sucedido de la mano de los cambios políticos y por ende en la estructura misma de las administraciones públicas. Bolivia no ha estado ajena al cambio de paradigma, a partir de la nueva Constitución de 2009, los cambios que han acompañado el diseño institucional del Estado Plurinacional son inevitablemente fundamentos de un nuevo quehacer en el sistema garantista procedimental boliviano. Nuevas instituciones de fiscalización de la gestión pública, mayores incentivos a las acciones de defensa del ciudadano, y un orden administrativo que incorpora administraciones departamentales con la consecuencia de nuevos marcos legales así como normas de prevención y lucha contra la corrupción son parte, entre otras, de la nueva arquitectura administrativa.

Un análisis somero de los últimos 20 años de la administración pública y su marco referencial desde el Derecho Administrativo, desglosado en tres etapas descritas brevemente, nos permitirá vislumbrar el estado de situación de la necesaria gestión pública, garantista de derechos, y su sistema institucional así como el marco normativo vigente acotado a las medidas para la transparencia en la gestión. Consideraremos como marco de análisis el derecho a la buena administración desde su dimensión colectiva y el entendimiento que este derecho es la base para la construcción de deberes cívicos tanto como el que la buena administración es a su vez un deber jurídico.