Participación ciudadana en los mecanismos de responsabilización (accountability) de la gestión pública del Ecuador

Abstract

Ecuador presenta desde la aprobación en 2008 de su más reciente Constitución, un marco único para la participación ciudadana dentro del aparato estatal, en su articulado la Constitución reconoce los llamados derechos de participación , uno de los cuáles es el derecho ciudadano a fiscalizar los actos del poder público, bajo esta paraguas constitucional, Ecuador ha construido toda una normativa legal e institucional, para efectivizar dichos derechos.

Bajo la premisa de construir una democracia participativa, en la que los ciudadanos ocupen un papel trascendental se busca efectivizar bajo el enfoque de derechos la capacidad fiscalizadora de los mandantes- ciudadanos, mediante el diseño e implementación de nuevos mecanismos institucionales y legales creados para el efecto.

El concepto de responsabilización se incorpora dentro del llamado control social de la gestión pública, y se concibe como un derecho ciudadano, superando la visión, en la que el ciudadano exigía responsabilización en calidad de cliente o consumidor de un servicio o bien público.

En este contexto la responsabilización (accountability) de la gestión pública ecuatoriana tiene nuevas herramientas para su aplicación, siendo las vinculadas al control ciudadano una de las más representativas.

Una de esas herramientas son las veedurías ciudadanas , mecanismo que ya había tenido un largo desarrollo anterior a la Constitución de 2008, sin embargo la nueva normativa constitucional y legal lo fortalece y lo convierte en uno de los principales instrumentos para lograr efectivizar el control ciudadano de lo público.

Basado en un modelo abierto y sumamente amplió, las veedurías ciudadanas presentan un mecanismo interesante a la hora de controlar lo público. Sin embargo como se indicó el desarrollo de los mecanismos de control social no arrancó en Ecuador con la Constitución del 2008, sino que es el resultado de un largo proceso iniciado con la creación de organismos como la Comisión Anticorrupción y la Comisión Cívica de Control de la Corrupción, instituciones que surgieron en períodos en los que Ecuador afrontaba una serie crisis institucional, junto con niveles de corrupción sumamente altos y la imposibilidad de las instituciones de control como la Contraloría General del Estado de responder adecuadamente a este flagelo que amenazaba la existencia misma del Estado ecuatoriano.

Ante la situación descrita la ciudadanía presionó por respuestas adecuadas de parte del Estado, es así que se forman estas Comisiones que con su trabajo presentaron una luz en medio de la oscuridad. Las veedurías ciudadanas nacen con esa visión de lucha contra la corrupción, su relativo éxito especialmente el elevado poder moral que se les atribuyo, hace que la nueva normativa surgida luego de la aprobación de la Constitución de 2008 las transforme en herramientas de control social de la gestión pública ecuatoriana.

Un gran paso que sin embargo todavía no encuentra en sus acciones la efectividad que la ciudadanía exige, principalmente porque todavía no se lograr materializar mecanismos de sanción de carácter ciudadano.

El análisis del desarrollo del mecanismo de veeduría ciudadana y los resultados de algunos de los primeros intentos de ejercer control social a través de organismos como la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, pretende configurar un contexto para analizar el proceso de participación ciudadana en mecanismos de responsabilización de la gestión pública en Ecuador, además de presentar algunos puntos relevantes de la experiencia ecuatoriana que pueden servir de referencia para procesos similares de participación ciudadana en mecanismos de responsabilización en otros Estados.