Sistema normativo de empleo público de Costa Rica

Abstract

La Constitución Política de la República de Costa Rica señala y ordena en su Artículo 191, que en Costa Rica debe establecerse un Régimen de Servicio Civil único y exclusivo para las dependencias de los tres Poderes del Estado y para las Instituciones Autónomas.

Sin embargo, a partir del año 1953, fecha en la cual se instituye el Estatuto de Servicio Civil y se crea la Dirección General de Servicio Civil, según Ley 1581, se circunscribe el ámbito de Servicio Civil solamente a la esfera del Poder Ejecutivo.

Por consiguiente, la aplicabilidad restringida del mismo y las acciones individualizadas llevadas a cabo por distintos actores políticos y sociales, han permitido la proliferación de una gran cantidad de sistemas de Empleo Público en Costa Rica.

Se han efectuado diversos intentos e iniciativas que permitan contar con una Ley de Empleo Público, especialmente por la dispersión de funciones y de sistemas remunerativos, pero todas no han pasado de ser vagos intentos llenos de buenas intenciones. Estamos inmersos en una maraña de regímenes, normativa e instituciones que generan un sistema de empleo público disperso y desigual, síntoma inequívoco de una carencia de capacidad integradora .

La Dirección General de Servicio Civil es el Ente Rector de la Gestión del Talento Humano y del Empleo dentro del Régimen de Servicio Civil costarricense. Es la institución administradora del Régimen de Servicio Civil y su propósito sustantivo es garantizar el efectivo cumplimiento de lo establecido en el Artículo Primero del Estatuto de Servicio Civil.

La Dirección General de Servicio Civil, ha propuesto políticas de empleo público y gestión eficaz de recursos humanos implementando una Plataforma Normativa, cuyo propósito es lograr una mayor y mejor calidad en la prestación de servicios a la ciudadanía, al consolidar un nuevo enfoque en la organización, funcionamiento y resultados y la conformación de nuevos modelos para la Evaluación del Desempeño.

Por otra parte, la DGSC ha asumido un compromiso permanente con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, la descentralización de servicios, implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con la NORMA ISO-INTE 9001:2008, aspirar al nivel más alto en el Índice de Gestión Institucional (IGI), impulsar una declaración de principios éticos y apoyar iniciativas para la incorporación de personas con discapacidad a los puestos públicos, basados en los principios de mérito y capacidad.

No obstante estos resultados, lóbregos celajes otean el horizonte y debemos ponerles atención. Pareciera que en nuestra propia fortaleza estabilidad, profesionalización- en algunas entidades, se ha convertido en inamovilidad; un marco legal de empleo público, en muchos aspectos anacrónico, fragmentación de la función pública, una tendencia a legislar para el control, y no para la gestión, juridización de la política y la Administración.

El régimen salarial y previsional del Estado costarricense, avanza raudamente hacia la inequidad, falta mayor innovación y en materia de acceso al empleo a las personas con discapacidad, aún persiste cierta resistencia a considerar esta población como posibles candidatos.