La inclusión de la sociedad en las políticas públicas en México

Abstract

Las crecientes expectativas ciudadanas son en gran medida una demanda de legitimidad del quehacer gubernamental, las cuales reafirman además su reposicionamiento como actores estratégicos para el desarrollo; es por ello que las tendencias van encaminadas hacia la articulación de intereses sociales y la toma de decisiones por parte de los actores políticos, ello supone un cambio en el rumbo de la acción gubernamental en pro de un entorno de lo público como un espacio corresponsable de acción entre gobierno y sociedad, mediante un proceso de gestión gubernamental flexible, propositivo y fundamentalmente prospectivo, bajo un marco institucional democrático.

Por eso, la fortaleza de los gobiernos democráticos no sólo proviene del sufragio para legitimar su acción política, hoy más que nunca requiere de un proceso dual que se basa en reconocer el papel del ciudadano como un actor que redimensiona el quehacer de lo público, la acción cotidiana a favor de un entorno civil, equitativo, igualitario pero sobre todo libre, que como motivaciones ciudadanas permiten la cooperación.

Un bien común es aquel que se conforma no por la agregación de voluntades, sino por la voluntad autónoma y reflexiva de un sujeto que determina su participación por la existencia de una acción futura que le retribuye un bienestar sin desconocer la integración colectiva.

Sin embargo, este bienestar está en duda en sociedades en las que se experimentan condiciones de desigualdad y privilegios que desde el orden económico determinan patrones adversos para la vida colectiva.

Hoy estamos en presencia de comunidades que ejercen prácticas de proximidad, redefiniendo incluso la labor del gobierno, no como un esquema jerárquico si no que reconoce que los actores involucrados tienen la capacidad de ser interlocutores con quienes se negocia, intercambian recursos y al mismo tiempo comparten valores y definen intereses comunes.

Las políticas públicas son sin duda una herramienta ciudadana que aunado al conjunto de instituciones democráticas deben ser capaces de proveer tanto al gobierno como a la sociedad de estabilidad política que garantice la existencia de una gobernabilidad democrática, que va más allá de reglas del juego claras y operantes para convertirse en la búsqueda permanente de solución a las demandas sociales y al cumplimiento de los fines mismos del Estado.