La legitimidad del poder frente a la democratización del Estado y la participación sindical

Abstract

La legitimidad del poder del Estado ha ido variando desde las monarquías absolutistas hasta la actualidad. El modelo de representación exclusivamente delegativa ha demostrado su ineficacia a la hora de garantizar verdaderos sistemas democráticos, con justicia social.

El poder constituyente ha sido invariablemente deslegitimado por el poder que en su consecuencia de constituye.

Desde el punto de los trabajadores, los modelos corporativos no se han desarrollado como una alternativa, por lo menos de modo de garantizar la legitimidad del poder estatal y, sobretodo, la aplicación de políticas inclusivas y democráticas.

Las experiencias neocorporativas de participación, aplicadas desde superestructuras tripartitas, pactos sociales y demás antecedentes no han significado un avance en la democracia participativa, al tiempo que limitaron el poder de los sindicatos, como garantía de progreso de los derechos sociales y del bienestar de los trabajadores.

Las más recientes experiencias plebiscitarias de algunas constituciones latinoamericanas constituyen en ese sentido una interesante experiencia.

Pero a fin de garantizar la participación en la gestión y conformación de las políticas públicas, es la negociación colectiva libre la que debe jugar un rol fundamental.

Desde allí los trabajadores del Estado podrán presentar ante la sociedad sus propuestas de políticas públicas, como actores fundamentales para su ejecución.

El actual contexto de crisis internacional impide, en muchos casos, la apertura hacia la participación. De ese modo, intentan aplicar recortes al gasto público, o lo que es lo mismo, a los beneficios sociales.

De allí el importante rol de los sindicatos en este proceso, que además de democratizador, debe operar como propuesta de salida a la crisis.

Ello supone, por un lado, la fortaleza de las organizaciones sindicales al defender sus conquistas, y a oponerse a cualquier salida de la crisis que implique rebajas salariales o ampliación de las jornadas de trabajo. A tal fin deben mantener las herramientas históricas que le permitieron obtener sus mejores resultados, como la negociación colectiva, la huelga, y la libertad sindical.

Desde el punto de vista del Estado, debe garantizarse la intervención permanente en la economía, pero en el marco de un plan general que haga viable que la crisis no recaiga sobre los trabajadores. Un plan que contenga en sus objetivos el pleno empleo y la garantía de salarios y jubilaciones dignos.

Ello incluye también la asunción por parte del Estado de un rol de empleador. Para ello debe discutirse en la sociedad, pero fundamentalmente con los trabajadores del Estado, acerca de las políticas públicas necesarias para la etapa que se plantea.

Indefectiblemente ello se lleva adelante con programas de formación y capacitación que dignifiquen el trabajo en el Estado, y que garanticen la implementación y gestión de esas políticas públicas.

Para ello, tanto desde el punto de la participación de los trabajadores en la elaboración de políticas públicas, como en la democratización del Estado para volcarla al servicio de la sociedad, debe aprovecharse la rica experiencia de la negociación colectiva en la administración pública.