La necesidad de administraciones reguladoras en Latinoamérica para prevenir los ataques especulativos, los riesgos financieros y la defensa de los consumidores

Abstract

En la integración global, las ventajas competitivas de un Estado dependen de forma decisiva de la calidad e innovación de sus regulaciones, administraciones públicas y tribunales independientes. Estas cualidades son las que caracterizan a los Estados emprendedores, y ello se consigue a través de la construcción de un Estado administrativo y regulador. La evolución de EE.UU. y la consolidación de su liderazgo desde el siglo XIX está en estrecha relación con las oleadas reguladoras, las medidas antimonopolio y la construcción de agencias administrativas pioneras que han ordenado y mejorado el mercado.

La crisis económica y financiera actual no tiene una explicación puramente económica sino que su causa es una crisis jurídica. Concretamente, se trata de la desregulación y privatización de las leyes del Presidente Roosevelt, que ordenaron el mercado tras el crash de 1929. Las innovaciones administrativas y reguladoras de 1933 con Roosevelt fueron la base para un capitalismo social que ha dado estabilidad durante 75 años.

En el año 2000 se produce una revolución desreguladora del sistema financiero y se permitió la fusión de los bancos de inversión con los comerciales. Esto configuró un nuevo capitalismo, el denominado Capitalismo Too Big To Fail (demasiado grandes para dejarlos quebrar) dominado por 30 megabancos con un inmenso poder político. Por otro lado, se crea un nuevo mercado, el de derivados (una parte del mercado de futuros), completamente desregulado y privatizado. Se elimina también el delito de información privilegiada para este mercado. Se crea así el denominado Capitalismo Casino.

Este mercado hizo que proliferaran productos financieros muy complejos en forma de apuestas y facilitó los ataques especulativos a empresas, bancos y países y ha sido el epicentro de la crisis financiera. Los Estados no están preparados ni son conscientes de que este nuevo capitalismo es una verdadera amenaza a su soberanía económica y que urge la creación de administraciones nacionales y regionales especializadas que puedan enfrentarse a estos nuevos retos.