Defensa pública y acceso a la justicia

Abstract

La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 en Argentina ha permitido, en el orden nacional y en la mayoría de las provincias, la configuración autónoma del Ministerio Público de la Defensa que, con la jerarquización de la figura del Defensor General -como cabeza de la Defensa Pública-, acabó con la incongruencia lógica e inconveniencia pragmática de que los defensores oficiales dependieran y fueran fiscalizados y dirigidos por quien, a la vez, era el jefe de la acusación y promotor de la acción pública penal; esto es, los Fiscales Generales.

Esa situación paradójica, ajustada al sistema de enjuiciamiento penal inquisitivo -propio del proceso de codificación procesal seguido a la institucionalización del país, donde, de todos los operadores del sistema penal, el principal era el juez y los demás sus "auxiliares", donde aquél era el relevante, en menor medida el fiscal y el defensor sólo "convidado de piedra"- devino inaceptable con la modernización teórica y práctica del sistema procesal penal y con la progresiva pero irrefrenable instauración del modelo acusatorio, recreado para preservar la situación de los sometidos a proceso.

Pero al fortalecimiento de la situación del imputado y de su defensa técnica en general, sólo paulatinamente en el país (y estimo en la región latinoamericana) se fue adquiriendo la convicción de la necesidad de que correlativamente se fuera dotando de la misma fortaleza a la defensa pública, cuya provisión y aseguramiento por parte del Estado, más allá de lo declamado y de lo formal y explícitamente consagrado, generalmente, con preciadas excepciones, no ha alcanzado una estructuración -ni en el campo legal ni en el terreno de los hechos- idónea y suficiente para asegurar a todos el derecho a la defensa en juicio y el acceso a la justicia.