La gobernabilidad democrática : una nueva agenda para la cooperación al desarrollo

Abstract

El redescubrimiento de la importancia del papel del Estado y el marco institucional para impulsar un desarrollo sostenible que permita romper el círculo vicioso del subdesarrollo, está dando lugar a un replanteamiento de las agendas de las agencias de cooperación.

La agenda del desarrollo está vinculando el desarrollo humano sostenible de tipo económico con el desarrollo participativo, de naturaleza política. Esta convergencia refleja un consenso creciente en torno a la interrelación mutuamente potenciadora de democracia y desarrollo.

La Agencia Española de Cooperación Internacional ha asumido este acerbo internacional definiendo su propia estrategia de cooperación para la gobernabilidad democrática en su sentido más amplio, formulada inicialmente como marco esencial de apoyo a los procesos de pacificación en Centroamérica, incluyendo la forma del régimen político, los procesos a través de los cuales se ejerce la autoridad para la gestión de los recursos económicos y sociales para el desarrollo y finalmente la capacidad de un gobierno de diseñar, formular y ejecutar políticas públicas. Actualmente de la cooperación española desarrolla importantes programas en los diversos ámbitos de la reforma del Estado en muchos países iberoamericanos, existiendo además iniciativas de colaboración en el marco de las Cumbres Iberoamericanas.

No hay duda de la importancia de contar con una propuesta específicamente iberoamericana en el debate actual de la presentación de modelos de reformas institucionales para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. De ello depende en gran medida la consolidación de la Comunidad Iberoamericana como punto de referencia indispensable de una identidad compartida en un mundo dominado por las grandes corrientes de la cultura global y la capacidad de nuestros países de articular propuestas propias viables en el nuevo orden internacional.

El buen gobierno no es un lujo para los países que aún no han superado los problemas acuciantes del subdesarrollo, sino una condición necesaria del desarrollo sostenible, pues el problema del desarrollo no depende solamente del volumen de recursos disponibles sino también de la instauración de incentivos y procesos que contribuyen una más justa distribución de los recursos. Este proceso exige revitalizar las instituciones estatales, tanto en su división horizontal (ejecutivo, legislativo y judicial) como vertical (central, provincial y local), y crear una administración pública eficaz, independiente y honesta, sometida a criterios objetivos de contratación y promoción. La consolidación de la democracia en Iberoamérica exige la construcción progresiva de un Estado que garantice la equidad social, el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos y el desarrollo económico. Ello es especialmente urgente en países que han estado sometidos a las tensiones y distorsiones de prolongados conflictos internos. Por esta razón ha sido en los países centroamericanos donde se han puesto en marcha programas integrales en que se unen proyectos de apoyo a la creación de una nueva institucionalidad con los dirigidos a facilitar el cumplimiento de los compromisos contenidos en los acuerdos de paz.

Los programas actualmente es marcha incluyen las siguientes líneas de actuación: Reforma de los cuerpos de Seguridad del Estado para conseguir una mayor eficacia en su funcionamiento dentro del nuevo marco democrático. Reforma del sistema judicial, tanto desde la perspectiva de su propia organización interna y del sistema de administración de justicia como de su dimensión constitucional (gobierno de los jueces, carrera judicial, etc.). Apoyo a la modernización y fortalecimiento de los organismos legislativos, con objeto de hacer posible la asunción de las importantes funciones que le corresponden en la construcción del marco legal en que se apoyará todo el proceso de transformación política e institucional. Fortalecimiento del poder local y la administración municipal, como eje fundamental del proceso de descentralización. Impulsar los procesos de modernización y reforma de la Administración del Estado, mejorando su capacidad para la formulación y ejecución de políticas públicas. Cooperar en la modernización de las Fuerzas Armadas.