Estrategias que aumentan la capacidad de gobierno en entornos multinivel supranacionales. El caso de la Comisión Europea: descargarla de la gestión presupuestaria al tiempo que se previene la aparición del fraude y otras irregularidades financieras (reforma 2000-2008)

Abstract

La reforma administrativa de la Comisión Europea iniciada en 1999 como consecuencia de los escándalos que pusieron en tela de juicio los mecanismos de gestión pública en la Unión Europea tuvo como objetivo fundamental aumentar la capacidad de esta institución comunitaria para gobernar, es decir, para ejercer de modo efectivo su función de impulso de la construcción europea.

De entre los múltiples aspectos que abarcó tal reforma, que en modo alguno puede considerarse completada aunque en determinados aspectos los cambios introducidos hayan empezado a dar frutos en términos positivos, dos áreas esenciales llaman nuestra atención.

En primer lugar, los mecanismos incorporados para aligerar a la Comisión Europea de tareas de pura gestión administrativa, que habían aumentado exponencialmente en las últimas décadas como consecuencia del incremento imparable del presupuesto comunitario y de la comunitarización de nuevas políticas. El ordenamiento jurídico comunitario anterior a 1999 contemplaba ya diversas formas de transferir el ejercicio de la gestión presupuestaria por parte de la Comisión, pero su insuficiente regulación había favorecido la aparición y asentamiento de prácticas irregulares que dañaron seriamente los intereses financieros de la Unión.

Con el nuevo marco reglamentario, las modalidades de gestión no directas reciben una regulación más comprensiva que atiende a sus especificidades, estableciendo límites en cada caso, y salvaguardando siempre la función de supervisión que la Comisión Europea conserva, como titular y responsable última de la ejecución presupuestaria.

En esta línea, avanzamos no basta con la existencia de un marco legal que regule con precisión los modos indirectos de gestión, si la Comisión Europea no lleva a sus últimas consecuencias su potestad de control sobre los otros gestores de fondos comunitarios, en particular los Estados Miembros. El problema no ha sido tanto la falta de medios como de voluntad política de emplearlos.

La Comisión Barroso (2004-2009) parece decidida a remediar esta situación y muestra una inequívoca voluntad de explotar las posibilidades ofertadas por la legislación comunitaria para garantizar un mejor empleo de los fondos comunitarios gestionados a nivel de los Estados Miembros, pues es en éste ámbito donde el Tribunal de Cuentas y el Parlamento Europeo han denunciado el mayor número de irregularidades. A tal efecto, la Comisión ha realizado una importante labor de síntesis, mediante diversos planes de acción detallados, de los objetivos a alcanzar y de los medios disponibles, identificando los responsables respectivos de los cambios que deben operarse. Es demasiado pronto para determinar la efectividad práctica de tales cambios, evaluación que requerirá cierta perspectiva histórica, pero el cambio de actitud nos parece por el momento prometedor y puede contribuir a la mejor gobernanza financiera en un entorno multinivel como es el de la Unión Europea.