Marco jurídico e institucional: más allá de lo formal

Abstract

Las reformas legales resultan necesarias para introducir cambios en la administración pública. En el caso específico de República Dominicana, cada reforma ha estado precedida de un marco legal que lo sustenta. Sin embargo, no necesariamente con la aprobación de leyes y decretos se asegura su implementación exitosa o su sostenibilidad en el tiempo.

Establecer sistemas, procesos, reglas, no es suficiente, aún en el ámbito de la Administración Pública donde la norma adquiere un matiz particular debido a que a ésta solo le está permitido hacer lo que está expresamente establecido. Conocer la cultura organizativa ayuda a la búsqueda de alternativas para mejorar la implementación y tratar de generar alianzas institucionales que hagan posible que el cambio se perciba como una oportunidad y no como una amenaza.

Establecer controles en un ambiente clientelar acostumbrado a no transparentar sus acciones puede resultar difícil pero necesario. El análisis del caso dominicano es típico de la región, de lo que la reformas administrativas pueden lograr en un país subdesarrollado, donde existe un escaso apego al cumplimiento de la ley.

La mayor de las veces, las reformas administrativas para ser efectivas requieren introducir sistemas de gestión, sistemas auxiliares y el uso de nuevas tecnologías y equipamiento que deben ser compatibles. Cada país debe identificar sus posibilidades y buscar la alternativa que más se adecué a su realidad financiera y técnica para asegurar su sostenibilidad.

Poner en marcha el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, a través del cual se definirá la primera Estrategia Nacional de Desarrollo, los planes estratégicos institucionales, planes plurianuales, etc. de por sí es un reto, máxime cuando tenemos que comenzar a construir del barro, pues la planificación no es un rasgo característico de los países del Caribe, donde hasta la naturaleza conspira para que vivamos el día a día.

El éxito o fracaso de las reformas podrá verse a mediano y largo plazo, así como su sostenibilidad; como también está por verse si las reformas administrativas son asimiladas como un medio y no como un fin. Si la administración pública es capaz de asimilarlas o por el contrario la expulsa de su sistema por reconocerlas como un ente exógeno y sobre todo, si la inversión de recursos técnicos y financieros mejora el desempeño de la administración en la medida en que los procesos influyan en la calidad de los bienes y servicios que el Estado entrega a sus ciudadanos.