Una estrategia de innovación política en Venezuela: los Consejos Comunales

Abstract

Desde la década de los 80 en América Latina, se han venido desarrollando serios debates acerca del tema de la participación ciudadana y el rol del Estado, para promoverla. Los planteamientos que justificaron las propuestas de Reforma del Estado se enmarcaron en la definición de políticas públicas orientadas a la rearticulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, en la cual la participación ciudadana se concibe como un medio para profundizar la democracia.

En Venezuela dicho proceso, en la práctica no logro concretar una real participación de los ciudadanos en la toma de decisión sino su colaboración en la ejecución de algunas tareas o la prestación de un servicio. Este panorama comienza a cambiar con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en la cual se fundan las políticas públicas sobre la participación ciudadana en la gestión pública, con un rol preponderante del gobierno nacional para su promoción.

El propósito del trabajo es describir la participación ciudadana en los Consejos Comunales (CC); en base a los aportes conceptuales, el marco institucional y algunas referencias empíricas. Los resultados preliminares revelan: 1) Aprobación de instrumentos institucionales sobre la participación ciudadana en la gestión pública. 2) Promoción de la organización de las comunidades para la toma de decisión, ejecución y control de proyectos, por parte del ejecutivo nacional. 3) Avances en la instalación formal de los CC en el país. 4) En la práctica, se evidencia la consolidación de proyectos de inversión en áreas como vivienda, salud, educación, agua, entre otros, por parte de los CC; sin embargo persisten algunas influencias personales y partidistas. 5) Apoyo de instituciones nacionales en cuanto a la capacitación de las comunidades para su participación directa en dichos Consejos.

Se concluye que, en el marco de la democracia participativa aparecen los CC como una estrategia de innovación política para la inclusión social en las decisiones de interés público, promovida por el gobierno nacional.