La reforma del aparato del Estado y la Constitución brasileña

Abstract

Se caracteriza la crisis confrontada por el Brasil durante los últimos años, que afecta el aspecto fiscal, las formas de intervención estatal y el aparato del Estado. Se examinan las respuestas de la sociedad, considerando inadecuadas las opciones que ofrece la Constitución de 1988 y se exponen las prioridades establecidas por el actual gobierno para modificar la situación.

La crisis económica sin precedentes enfrentada por Brasil, que se desencadenó en 1979 con el segundo shock petrolero, tuvo como una de sus causas fundamentales la crisis del Estado. Esta crisis se define en lo fundamental por la crisis fiscal del Estado, por la crisis del modo de intervención en la economía y en lo social, y por la crisis del aparato del Estado. A esto se suma una crisis política, la caída del régimen autoritario que culminó con la restauración de la democracia y su consolidación en la Constitución de 1988.

La respuesta de la sociedad a la crisis política fue adecuada, dando a la democracia brasileña una estructura jurídica sólida. Sin embargo, las disposiciones constitucionales no sólo no ayudaron, sino que contribuyeron a agravar los problemas derivados de la crisis fiscal del Estado, de la crisis del modo de intervención y de la crisis del aparato estatal. En relación con la crisis fiscal y al modo de intervención del Estado, se procuró retomar el modelo de los años cincuenta, mientras que en relación con la administración pública, se intentó volver a los parámetros vigentes en los años treinta.

La primera prioridad del gobierno de Fernando Henrique Cardoso será la reconstrucción del Estado, a partir de la reforma en profundidad del aparato estatal. Se trata de tornar la administración pública más flexible y eficiente, reducir su costo, garantizar una mejor calidad de los servicios públicos, especialmente los servicios sociales, y hacer que el funcionario público sea más valorizado por la sociedad.

El segundo objetivo prioritario se refiere a la atribución de una amplia autonomía financiera y administrativa a los servicios sociales del Estado. Este objetivo será alcanzado principalmente mediante el proyecto de creación de "organizaciones sociales", fundaciones públicas de derecho privado que asumirán las responsabilidades de suministrar los servicios públicos en materia social.

El tercer proyecto prioritario tiene que ver con la profesionalización del núcleo burocrático de la administración, que incluye los funcionarios de la administración central que tienen competencias y obligaciones exclusivas, del poder judicial y de las fuerzas policiales. Se plantea la definición y el diseño de un sistema de carreras, que garantice la capacitación para una adecuada gestión profesional.

Los proyectos prioritarios serán viabilizados a través de una reforma constitucional, en la que deben tomarse en cuenta dos temas fundamentales concernientes al aparato del Estado: la flexibilización de la administración, con cambios profundos en el régimen jurídico y laboral del funcionariado; y la modificación radical del sistema de previsión, que actualmente es fuente de injusticias y que representa un costo insostenible para el Estado. L.C.B.P/M.T.