Los órganos de selección: instrumentos para la consecución de intereses públicos

Abstract

Tal y como se ha pretendido exponer, tanto en el caso del ejemplo español como en el de otros sistemas más cercanos y lejanos culturalmente, existe y ha existido desde que la Administración del Estado adquiere su configuración moderna una especial preocupación por articular mecanismos de selección que aseguraran que el mérito de los candidatos fuera el elemento principal a la hora de acceder a un empleo público, haciendo asi hincapié en principios tan universales como el de igualdad.

Para ello se ha velado porque quienes integran los órganos de selección, fuera cual fuera su naturaleza, carezcan de un interés directo a favor de quienes concurren a dichos empleos públicos, y que su carrera profesional fuera el elemento esencial de su designación. Sin embargo, estos valores tan loables y dignos de respeto y continuidad, se han convertido en un obstáculo para que la modernización acaecida en otras áreas de la Administración pudiera llegar en su plenitud a la actuación de los órganos colegiados y a la definición de procedimientos selectivos más ágiles y eficientes, respondiendo así a la nueva administración que los ciudadanos demandan.

No obstante, cualquier proceso de cambio o reforma que quiera acometerse debe tener como premisa que los valores del sistema clásico de selección, basado en la evaluación objetiva de pruebas o en la experiencia profesional previa de los aspirantes a través de tribunales u órganos de selección independientes del poder político (tanto si conforman con personal propio de la organización o externo de otros ámbitos sociales de reconocido prestigio) se conserven en sus aspectos sustanciales. Dicho proceso de modernización debe comenzar por hacer a dichos órganos y a sus miembros participes de las políticas públicas y los objetivos y resultados que se esperan alcanzar a través del proceso de reclutamiento, incorporando otros valores a dicho proceso como los de agilidad, eficiencia, inmediatez y cercanía con el ciudadano. Igualmente, deben articularse mecanismos en la definición de las ofertas de trabajo o convocatorias de empleo que impidan que el éxito o fracaso del proceso de selección dependa en exclusiva del juicio o rigor de quienes guían el proceso.

Debe conseguirse que los miembros de los órganos de selección se sientan parte relevante de la organización y acometan los procesos en los que participen con el ánimo de satisfacer la necesidad de personal de dicha organización compatibilizándola con los principios de mérito o capacidad y teniendo muy presente que en dicho proceso los únicos con un derecho reconocido son los ciudadanos en cuanto su acceso a un empleo público se debe entender dentro del más general de participar en los asuntos públicos, como parte sustancial de un régimen democrático.

Para ello resultará imprescindible acometer tanto su formación permanente como una labor de seguimiento y supervisión de su actuación, que refuerce la idea de su pertenencia a dicha organización, incorporando empleados públicos jóvenes y que representen sectores sociales importantes pero no suficientemente representados en determinados ámbitos de la Administración, lo que mejorará no sólo su profesionalidad sino su sensibilidad hacia todos los sectores sociales, alcanzándose así una verdadera democratización de la Administración.