Las relaciones laborales en el marco del régimen jurídico de la función pública dominicana

Abstract

El establecimiento de un conjunto de derechos para los servidores públicos, de los cuales resalta la estabilidad en el servicio público, es una característica fundamental de todo sistema de carrera. Así también como la promoción de aquellos servidores con las cualidades y competencias identificadas como necesarias para desempeñar adecuadamente los puestos. En adición a estos aspectos comunes nuestro sistema plantea ciertas particularidades como es la categorización de los funcionarios o servidores públicos lo que define su conjunto de derechos y prerrogativas.

El régimen de Carrera Administrativa y Carreras Especiales que puedan ser creadas, por su parte, es el sistema de profesionalización de los servidores públicos. El mismo procura garantizar la estabilidad en los puestos de trabajo, a los fines de alcanzar mayor nivel de productividad y eficiencia en los servicios que presta la Administración Pública a la Colectividad lo cual garantiza la nueva Ley 41-08 de Función Publica, al establecer disposiciones expresa sobre el principio de estabilidad en base al merito.

Contrario a lo ocurrido en una gran parte de los países en los cuales se ha implantado el servicio civil de carrera, el establecimiento de los distintos subsistemas de gestión propios del sistema, se han implantado de manera gradual en los órganos públicos. Sin embargo, la nueva ley no condiciona el proceso de avance de la carrera haciéndola extensiva a todas las dependencias del Estado, dentro de las particularidades de aquellas carreras especiales a ser desarrolladas. En los últimos años, la Secretaria de Estado de Administración Pública (SEAP) ha avanzado significativamente en la adopción de instrumentos que viabilizan la profesionalización de la Función Pública en los diferentes subsistemas, de manera particular a partir de la nueva Ley 41-08 está en proceso de elaboración de los Reglamentos de aplicación, como es el de Relaciones Laborales.

Esta norma crea la obligación de ceñirse a plazos por los funcionarios públicos, regulando lo relativo a los recursos administrativo y contencioso administrativo para los servidores públicos y la propia Administración, estableciendo asimismo, la obligatoriedad del debido procedimiento disciplinario, y consagrando la Responsabilidad Civil del Estado y de los Servidores Públicos.

El reto está planteado no sólo en fortalecer los principios de mérito, calificación y actualización para el ingreso, estabilidad y promoción de los servidores públicos como mecanismos determinantes de la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios, sino también elevar la jerarquía del órgano rector del sistema, para que su titular participe e incida en las decisiones que se adopten en las reuniones del Consejo de Gobierno y el Consejo Nacional de Desarrollo. Es necesaria una estrategia de cambios institucionales dentro del proceso de reforma y modernización del Estado, que conjuntamente con la ampliación de los mecanismos de ingreso a la Carrera Administrativa y un programa de entrenamiento y formación de los servidores de carrera, impacte cuantitativa y cualitativamente en la profesionalización de la función pública.