Proceso de discusión y aprobación de la nueva Ley de Función Pública

Abstract

La República Dominicana desde el inicio de su historia se ha visto involucrada en esfuerzos por incorporar a su administración pública, sistemas de gestión de recursos humanos basados en el mérito y en procura de desarrollar un modelo de profesionalización de Función Pública. La historia administrativa dominicana recoge las ingentes luchas por dotar al Estado dominicano de un régimen jurídico funcionarial inspirado en el principio del mérito, pero que sin embargo no lograron echar raíces ni dar frutos.

Probablemente el primer hito más importante en este sentido se produjo en el año 1991, cuando fue promulgada la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la cual estableció un Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el sector publico con un doble enfoque, por un lado el Servicio Civil como régimen regulador de las relaciones laborales de carácter general, y por otro lado la Carrera Administrativa como régimen regulador de las relaciones laborales de carácter especial. Algunas debilidades de dicha ley no permitieron un convincente progreso en la profesionalización de la Función Publica o la consolidación del Sistema de Carrera Administrativa; esto generó la necesidad de promover una reforma legislativa del servicio civil dominicano, por lo que, a partir del año 2002 se iniciaron los esfuerzos en este sentido.

La necesidad de elaborar una propuesta de reforma del Sistema de Servicio Civil de la República Dominicana, quedó confirmada por un diagnostico que se realizara y reflejara las falencias que de alguna manera impedían obtener resultados satisfactorios en el proceso de implantación de la Carrera Administrativa.

Para la propuesta de reforma se asumió una novedosa estrategia a partir de la cual se incorporaron al proceso de discusión todos los sectores sociales del país, lo que permitió una amplia difusión, análisis, debates y perfeccionamiento de la propuesta legislativa. Es de esta manera, que en el presente año 2008 el Congreso aprueba a unanimidad y el Poder Ejecutivo promulga la Ley de Función Publica, No.41-08.

Dicha ley dispone un contenido moderno y revolucionario con el cual habrá de acompañarse el proceso de cambios en la Administración Pública Dominicana, propugnando la consagración del Sistema de Carrera Administrativa, la racionalización de las estructuras organizativas del sector publico dominicano y la implantación de modelos de gestión de calidad, a partir de los cuales se habrá de evaluar el desempeño institucional.

En la actualidad nos encontramos en la preparación del entorno para enfrentar el gran desafío que nos impone una ley de este tipo, para el cual debemos seguir contando con el apoyo de los distintos sectores sociales, a los cuales hemos declarado aliados estratégicos del proceso. Esto así, porque estamos convencidos de que una de las reformas del Estado más importante, es la que afecta de manera directa los recursos humanos, por lo que incorporar a los sectores representativos de la sociedad, tanto en la discusión como en la aplicación de la misma, es fundamental para alcanzar los objetivos y las metas planteadas.