Ética pública y buen gobierno: liderazgo y política social en la gobernabilidad democrática

Abstract

La política es una actividad que se realiza en los términos de un contrato, esto es, según reglas y procedimientos previamente acordados. El político pacta con los electores y con ellos se compromete a gobernar en los términos y con las prioridades que se ventilaron en el proceso electoral, pues fue en función de tal oferta que se decidió el sufragio de cada uno. En tal sentido, no basta que haya un programa y que éste haya sido sancionado con el voto de la mayoría; el gobierno ya en funciones tiene que adecuar los medios a su alcance -o sea, su práctica política- a los fines que antes propuso y que el electorado consintió. Pero dichos medios no deben entrar en contradicción con los principios que también fueron sometidos a la aprobación de los ciudadanos.

No es legítima una política que transgreda la ley, la moral pública o el contrato social. No lo es ni siquiera si con ella se consiguen fines buenos o se obtienen resultados con mayor eficiencia o rapidez. El buen gobierno es aquel que no ejerce la fuerza indebida ni desvía los recursos de todos, pero también el que cumple el contrato que suscribió como consecuencia de la elección, es decir, el que honra su palabra y emprende la tarea a la que él mismo se obligó. Por eso el cómo es tan importante. No es cuestión solamente de que las capacidades de unos respondan a las necesidades de otros; se trata de que, a la voluntad acreditada de llegar al poder, la acompañe la disposición a ejercerlo con honradez, no para bien ni para mal, sino para lo que simplemente determinaron los electores. Es importante que el gobierno funcione, pero funcionará mejor si hay accountability, es decir, si hay responsabilidad.

No se trata sólo de reflexionar sobre la naturaleza filosófico-moral de la política sino, más específicamente, de dilucidar qué ética debe corresponderle a un buen gobierno, equitativo y democrático. Una vez más se trata de la gobernabilidad. No es cuestión de aprobar un régimen por el sólo hecho de que "piensa en los pobres", ni es suficiente reivindicar a los desheredados en el discurso y disponer ayudas bajo el argumento de que tal socorro amortigua la desigualdad y aleja el peligro de un estallido social. No es bueno un gobierno simplemente porque gobierna para los olvidados de siempre y lo hace "por el bien de todos". Aun en ese supuesto un país puede estar gobernado por malos gobernantes. La legitimidad del poder podrá fincarse en la capacidad de dar respuesta a los problemas y las carencias más apremiantes de la población, pero no por ello será un buen gobierno.