Reforma del Estado y la modernización de la administración pública: participación ciudadana en los servicios públicos domiciliarios en Colombia, 1991-2008

Abstract

En Colombia nos caracterizamos y ufanamos por ser "un país de leyes", y muchos creemos que con la expedición de las mismas basta para adquirir derechos y generar procesos de cambio económico, social, político y cultural. La Constitución Política garantiza una extensa lista de derechos de toda índole. Sin embargo, en algunos casos, las limitaciones fiscales no permiten el ejercicio práctico de los mismos, en otros, la baja capacidad de organización para adelantar acciones individuales y colectivas que permitan una participación ciudadana efectiva en defensa de los derechos constitucionales. También, los procesos de violencia, la impunidad y la calificación a priori de los movimientos sociales, contrarrestan la participación ciudadana.

En la segunda mitad del siglo XX, Colombia experimentó un proceso de modernización significativo, cuyos síntomas más visibles fueron la modernización de la administración pública en los años cincuenta y sesenta, la reforma constitucional del año 1968, el proceso de descentralización en el año 1983 y la nueva Constitución Política de 1991. Al no poder cumplir los derechos consagrados en la carta política del año 1991, a la fecha se han realizado más de veinte actos legislativos de reforma. Sin embargo, se han logrado avances significativos en los niveles de educación y de salud, en la secularización de las costumbres, en la creación de canales de movilidad social y en una mayor apertura democrática y de participación ciudadana por fuera de los canales religiosos y bipartidistas.

El proceso de descentralización de la década de los años 1980 y aún la nueva carta política del año 1991, fueron respuestas a las demandas de los movimientos sociales generados desde los años 1970 (paros cívicos y movilizaciones sociales, entre estas por servicios públicos, cuya expresión más vehemente fue el "paro cívico nacional" del año 1977), y a las exigencias de organismos internacionales y de las nuevas tendencias del mercado internacional y de acumulación del capital a escala mundial (globalización, apertura económica, cambio tecnológico, privatización).

La nueva Constitución introdujo una importante variedad de formas de participación e intervención ciudadana, entres estas, el control social de la gestión pública (mediante la representación de las organizaciones sociales en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública), y en especial, lo relacionado con la prestación de servicios públicos domiciliarios por parte de agentes estatales y no estatales.