Gestión participativa y calidad institucional

Abstract

Existen factores claves de la calidad institucional y administrativa en referencia al ejecutante de la política pública: el fortalecimiento del órgano formulador de la política pública y de la estrategia sectorial y global; la autonomía del órgano de ejecución; la reformulación del rol de las autoridades políticas que induzcan la formulación de políticas; el desarrollo del involucramiento de los individuos (destinatarios mismos del "bien" o servicio estatal), y la participación institucionalizada de los actores no estatales en el proceso de toma de decisiones de la Administración que derive en una política pública sustentable en el tiempo.

Por otra parte, se deben relevar las "necesidades" internas y externas insatisfechas (demanda no abordada) de los agentes y de los usuarios respectivamente. En correlato a esto, se vuelve esencial definir el conjunto esperado de usuarios, el plano o mapa mental de cada integrante de la institución, el plano descriptivo percibido del entorno externo por parte de la Organización Pública, los atributos propios de la Administración, y el desempeño de los disparadores endógenos del mecanismo institucional.

Consecuentemente, en la órbita interna el Administrador Público debe promover la eficiencia, la efectividad, la cohesión y la unificación de la cultura organizacional, la optimización de los recursos disponibles, y la libertad de acción o maniobra. Por otra parte, es esencial la definición de los roles dentro de la organización pública, la estimulación de los focos de impulsión institucional, el posicionamiento escalar en la "mente" del usuario, la masividad del alcance de la política pública, la integración de tareas (operativas y no operativas), la descentralización en el proceso de toma de decisiones ("gerenciamiento participativo"), el orden organizacional (organicidad), la adaptabilidad a los cambios en el entorno externo o macroambiente, el "desaprendizaje" constante (para lograr una superación cognitiva), el factor sorpresa en el accionar con el usuario, y la consolidación de un efecto sinérgico dentro del marco organizacional público.

Por ello, es vital asumir de forma decidida una concepción renovada y revitalizada del "management del sector público", y de la formación y capacitación de "gerenciadores públicos" (administradores públicos). Debe operarse la definición de "utilidad pública", medible a través de indicadores de desempeño y canalizado en un proceso sistemático de control de gestión. La actividad óptima de un gerenciador público debe abarcar el manejo de la relación interpersonal y la disponibilidad concreta de información requerida en el proceso de toma de decisiones. Por otra parte, se propone que la Administración Pública desarrolle un planeamiento estratégico integral (y no sectorial), flexible (en contraposición al clásico modelo burocrático), indicativo (no mediante imposición coercitiva o imperativa), concertado, por inducción o por influenciamiento (a través de los instrumentos o herramientas de aplicación para una política pública), consensuado, declarado (realizado abiertamente con el reconocimiento de quién lo efectúa), general y para el desarrollo (a fin de determinar objetivos, políticas, planes y programas para la evolución institucional y la conducción administrativa del órgano o autoridad pública), y fundamentalmente, impregnado y direccionado en referencia a un proyecto estratégico común participado.