La sostenibilidad de los procesos de descentralización política y administrativa a nivel de los gobiernos regionales y locales en Bolivia

Abstract

Se considera la descentralización del Estado en América Latina en el marco de los procesos de democratización y modernización de la administración pública. Se examina el caso de Bolivia, haciendo referencia a las fortalezas y debilidades de la participación popular y de la descentralización administrativa, y se formulan recomendaciones para alcanzar la sostenibilidad del proceso.

La descentralización del Estado ha adquirido suma importancia en las últimas décadas en América Latina, debido a los procesos de democratización y modernización de la administración pública que se han producido en casi todos los países de la región. La sostenibilidad de los procesos de descentralización se encuentran directamente relacionados con la transferencia del poder político y financiero-administrativo, para generar un alto nivel de autonomía de gestión en ambos campos de acción.

El gobierno central debe proporcionar el marco adecuado para promover el desarrollo económico mediante normas y regulaciones apropiadas, y establecer mecanismos de redistribución del ingreso, con el fin de alcanzar un proceso estable y sostenido de descentralización. Por su parte, los gobiernos regionales y locales deben asumir la administración y ejecución de funciones en forma directa o a través del sector privado.

La descentralización se planteó en Bolivia a través de dos fases de un mismo proceso. Una primera fase de municipalización que contó con la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Participación Popular en junio de 1994, y luego una segunda fase de departamentalización o regionalización, con el apoyo de la Ley de Descentralización Administrativa, que entró en vigencia en enero de 1995. La Ley de Participación Popular trajo consigo importantes cambios que han revertido la situación, generando un proceso más democrático y representativo a cargo del gobierno local y de la organizaciones de base de la comunidad. Sin embargo, los gobiernos municipales continúan siendo administrativa y económicamente débiles, con limitaciones que hacen imperiosa la toma de medidas para superarlas.

La Ley de Descentralización Administrativa complementa el proceso descentralizador iniciado con la Ley de Participación Popular. Define un proceso de transferencias y delegación de autoridades de carácter técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a nivel nacional. Sin embargo, es preciso contar con un mecanismo de coordinación y concertación tanto vertical como horizontal entre el nivel interinstitucional y el nivel intersectorial.

Con el fin de alcanzar la sostenibilidad del proceso, se sugieren las siguientes condiciones: plantearse como metas de largo plazo la elección directa de las autoridades prefecturales; ampliar las facultades de la administración departamental, con facultades legislativas; promover la autonomía financiera de los gobiernos regionales y locales; alcanzar un máximo nivel de coordinación y concertación interinstitucional mediante planificación y ejecución de la inversión pública; fortalecer institucionalmente las entidades del gobierno regional y local. C.S.