Responsabilidad política del servicio público

Abstract

Un gobierno responsable debe estar dotado de poderes de control, inspección, regulación, rendición de cuentas y fiscalización de las actividades públicas. Pero, también debe buscar el equilibrio para que, por una parte, el sistema no degenere en una burocracia irresponsable, que produzca daños a los particulares, al ejecutar, de acuerdo con su interpretación, las leyes y reglamentos; o, por la otra, por timidez excesiva lleve al gobierno a la inacción por el temor a la asunción de una responsabilidad.

La pauta objetiva de actuación para asegurar una conducta responsable, se refiere a los códigos de conducta, a la ética de la responsabilidad, a la ética de las convicciones y a la comprensión de la técnica de lo bien hecho. Se trata de una conducta proactiva que consiga regularidad y predecibilidad de la función pública.

Para conseguir una auténtica responsabilidad, los métodos son múltiples y todos tienen que ser utilizados para conseguir los mejores efectos posibles. Una preparación adecuada del servidor público que permita saber que es un experto en la materia que maneja, cuidado en la reputación de los funcionarios, el establecimiento de un sistema de ascensos y de procedimientos disciplinarios y un sentido de orgullo profesional, de pertenencia al sector público y de excelencia en la actuación, son condiciones necesarias para una administración verdaderamente responsable.

Los servidores públicos actúan en dos instancias de responsabilidad: la moral y la jurídica. La primera impele a ir más allá del cumplimiento del deber; la segunda, obliga a actuar de conformidad con un Estado de derecho. La responsabilidad jurídica se divide en cuatro ámbitos: a) político, que exige al servidor público el cuidado del cuerpo colectivo, se centra en la ética de la responsabilidad; b) administrativo, que impele a responder del buen uso de los recursos públicos para alcanzar resultados positivos; c) civil, que obliga a los servidores públicos a resarcir daños y perjuicios por ellos causados en el ejercicio de su encargo; y, d) penal, que es el recurso que tiene la sociedad para castigar a quienes cometieron delitos.

La responsabilidad política tiene como fundamento el cuidado del interés general sobre los intereses particulares. En la consecución de ese interés común se han generado dos fenómenos: el de las manos sucias y el de las múltiples manos. El primero explica cómo los funcionarios argumentan trabajar por el bien colectivo, pero transgreden las normas y los criterios de la moral pública. El segundo, implica la dilución de las responsabilidades dada la complejidad de las instituciones públicas por lo que se genera un área de opacidad y de impunidad.

Pertenecer al sector público conlleva un alto honor y la máxima responsabilidad de responder de todo y por todos. Ésta es conciencia de la otridad y respuesta a todos los cuestionamientos de los ciudadanos que se han visto afectados por las decisiones y así como asumir las consecuencias que de ello se derivan.