Sistema Urbano Nacional de Guatemala

Abstract

En 1986, en Guatemala surgió la Ley Preliminar de Regionalización, cuyo objeto era establecer regiones de desarrollo y descentralizar la administración pública. La propuesta que se presenta estudia dicha regionalización, considerando además, los antecedentes del modelo de crecimiento agro-exportador que consolidó el patrón de ocupación, concentración, dispersión, con el agravante de propiciar el aislamiento de vastos espacios del territorio nacional.

En Guatemala, además, la tendencia de crecimiento de la población permite proyectar que en los próximos veinte años se llegará a 20 millones de habitantes. Lo que a mayor presión demográfica, las tensiones en los servicios básicos, el transporte colectivo, la generación de nuevos empleos y el acceso a tierra urbanizada aumentarán considerablemente.

Esto evidencia con claridad la debilidad de la regionalización y la ausencia de un Sistema Urbano Nacional (SUN), capaz de orientar el asentamiento de la población en todo el territorio nacional y su eficiente aprovechamiento. Se trata de edificar una política para la incidencia sobre el desarrollo urbano, que sea capaz de orientar nuevas formas de distribución territorial íntimamente ligadas a las características sociales, culturales, económicas, políticas y geográficas de cada región. Sin una variación del actual proceso de planificación y desarrollo territorial, el proceso de reproducción social a futuro se visualiza como hasta ahora: antojadizamente y sin sentido. Un nuevo ordenamiento territorial urbano como factor de armonización es fundamental para el desarrollo de Guatemala.

Se propone iniciar en mancomunidades, identificando en cada municipio altamente rural, un poblado que se convertirá en centro estratégico comunitario (CEC), el cual sería un pueblo que funja como centro natural de confluencia de carácter social, productivo y comercial, y en donde los servicios a proporcionar incluirían salud, educación, abasto, energía, telefonía, seguridad y acceso a Internet.

La política prevé que los CEC se apoyen en centros de mayor jerarquía o centros mancomunitarios que ofrezcan los servicios y las instalaciones esenciales para la producción, la comercialización y la distribución de bienes y servicios. Estos centros también se apoyaría en una red de centros intermedios con una población meta mayor y con radio de atracción de 50 kilómetros. Los centros intermedios complementarían las funciones de los centros regionales propuestos, uno para cada región, con suficiente especialización como para servir al espacio regional y permitir consolidar los espacios fronterizos circundantes.

Para el logro de estas metas, los CEC deberían establecerse a corto plazo (4 años), para continuar con los centros mancomunitarios a mediano plazo (10 años); lo que permitirá aproximarse a alcanzar las metas de los centros intermedios y regionales en el largo plazo (20 años). De forma tal que, los territorios rurales puedan levantarse desde su infraestructura productiva para convertirse en entidades económicas viables sin la dependencia de la capital.