Contraloría social: ejerciendo el derecho a la rendición de cuentas en los programas de desarrollo social

Abstract

El objetivo de este artículo es analizar lo que es y debe ser la contraloría social como mecanismo social para la rendición de cuentas. En este sentido, se parte del concepto de contraloría social como el mecanismo por medio del cual los beneficiarios de los programas sociales participan en la vigilancia y evaluación de las políticas públicas, a través de esquemas establecidos en los propios programas. Se sostiene que la participación social para la rendición de cuentas es: 1) un derecho que tienen los ciudadanos que son beneficiarios de programas sociales y, por lo tanto, dicha figura debe ser incluida en toda política social de un gobierno democrático; y 2) una condición para que se genere confianza entre los actores estatales y los no estatales y, por lo tanto, una condición necesaria para que se aborden otras formas de participación para la promoción del desarrollo social. Asimismo, se argumenta que la contraloría social debe servir para que los funcionarios públicos responsables de los programas sociales asuman la responsabilidad política de su acción ante los ciudadanos.

Al concebir la contraloría social como un mecanismo de prevención ante las patologías de las políticas públicas, se plantea que ésta debería no solamente certificar que los programas se desarrollen conforme a la norma, sino además servir de contrapeso para evitar su uso clientelar, y detectar y corregir aspectos de los mismos que no contribuyan al objetivo de combate a la pobreza o de provisión de servicios públicos. También se sostiene que la contraloría social debiera servir para compensar parte de la asimetría de poder existente entre el proveedor y el usuario de un servicio público por medio de información pertinente y oportuna, además de ayudar a crear espacios neutrales para el diálogo y la negociación como mecanismos efectivos y ágiles para la denuncia. En la medida en que un beneficiario conoce más acerca de un programa no solamente está en posibilidades de vigilarlo y evitar que sea desviado de sus objetivos, sino también podrá utilizarlo mejor y entender que se requiere de su participación individual o colectiva para realizar acciones que van a ayudar a cumplir con los objetivos de la política pública en cuestión.