La situación del sector público y su profesionalización: el caso de Ecuador

Abstract

En los últimos años, el Ecuador se ha visto enfrentada a la pérdida de importancia de la preparación para la carrera pública que ha acompañado la desvalorización del Estado, lo que ha redundado en el debilitamiento de los programas de capacitación de la función pública en todos los niveles de la carrera administrativa y es una tarea pendiente en el país; el tratar de recuperar, dentro de una visión moderna, la preparación de los funcionarios públicos con visión moderna, y dotados de las más modernas tecnologías administrativas y de planificación.

En este contexto, se evidencia remuneraciones deprimidas, bajo prestigio social, alta exigencia laboral, escaso reconocimiento. Así pues, la carrera puede parecer perdida para el sector público.

Por lo anterior, resulta urgente e indispensable desencadenar procesos de formación, capacitación y entrenamiento permanente de la burocracia para revertir la imagen de las organizaciones públicas frente a la sociedad, debiéndose reconocer esta necesidad como una inversión, no como un costo.

Por otra parte, no sería suficiente desencadenar dichos procesos de formación, éstos deberán estar articulados con el estilo de gobierno y los fines últimos de la administración pública.

De ahí que, la profesionalización comporta para el funcionario/a, preparación y cualificación adecuadas en su selección y en su carrera administrativa, eficacia y utilidad de su prestación profesional, objetividad e imparcialidad y responsabilidad en sus actuaciones. Se debe potenciar la capacidad de decisión y la iniciativa del funcionario/a en el marco de las funciones atribuidas a su puesto de trabajo, conseguir "profesionales" del servicio público, lo que supone encauzar y conectar dicha cualificación con lo que constituye la razón de ser de su prestación de servicios.

Para ello, es imprescindible que el funcionario/a se identifique con el fin de servicio al interés general al que atiende la Administración Pública en la que se integra y que se implique en el resultado y utilidad de la prestación de servicios que realiza.

Por otro lado, en el ámbito normativo, se debe contemplar instrumentos necesarios cuya puesta en práctica permita desechar la imagen social de ineficacia y despreocupación en su actuación del personal al servicio de la Administración Pública, y afrontar como reto esencial alcanzar la confianza del ciudadano/a en el servidor público, en su profesionalidad, su preparación, su objetividad e imparcialidad, y en su compromiso con la sociedad.

Es consecuencia, de todo lo anterior la imagen y realidad del funcionario/a que debe cambiar y para ello debe hacerse un esfuerzo en resaltar la dignidad del trabajo del servidor público.

Todo lo cual va a redundar, en que las políticas públicas serían elaboradas e implementadas por personal más calificado y competente, lo cual favorece que los requerimientos, trámites, normas, bienes, decisiones, regulaciones y estímulos que necesitan los agentes económicos, serían atendidos con mayor pragmatismo, a través de un cuerpo de servidores públicos que están comprometidos del orden institucional democrático en términos de mayor equidad.