Formación de empleados municipales en Bolivia

Abstract

La idea central parte del hecho de que existen una serie de problemas que se han detectado en la aplicación de la Ley de Participación Popular, ley que entre otras cosas establece la creación de los Gobiernos Municipales coincidente con las secciones provinciales de cada uno de los departamentos de Bolivia.

Muchos de los problemas pueden ser resueltos mediante programas de capacitación de los empleados municipales, pero otros deben necesariamente responder a criterios más de orden político y de análisis crítico de lo que se hizo y lo que se dejo de hacer en torno a este tema que de suyo ha tomado real importancia en el quehacer económico, social y político del país.

El documento muestra lo que actualmente viene desarrollando la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba sobre la base de un programa conjunto entre el Ministerio de Participación Popular, la Prefectura del Departamento de Cochabamba y la Universidad Mayor de San Simón a través de la Facultad de Ciencias Económicas. Este programa se desarrolla bajo la denominación de "Capacitación Formal en Participación Popular y Descentralización Administrativa" desde luego que este programa está dirigido exclusivamente a empleados municipales con distintos niveles de formación académica.

Sin embargo, existe una preocupación profesional de parte del proponente en razón a que este tipo de programas, para algunos municipios, particularmente rurales y alejados del sistema integrado de poblaciones, es un mecanismo adicional para que la gente con mayor nivel de capacitación, migre a centros poblados más desarrollados, en este sentido, el programa de capacitación diseñado por la Universidad y el Gobierno no tienen un resultado como el que todos esperan, cual es una mejor administración del desarrollo municipal, por el contrario se produce un efecto negativo para el municipio y para los que financiaron el programa de capacitación, pero además se agudizan los problemas en los municipios receptores de migrantes.

En este sentido, la propuesta establece que además de los programas de capacitación formal, la Universidad y el financiamiento de algún organismo de cooperación o el propio Gobierno debieran preocuparse de generar una base económica de sustento para la población rural en estrecha concertación y coordinación con los propios beneficiarios, para lo que es necesario capacitarlos a ellos en los programas que se señalan.