Oficinas de protección de derechos: una experiencia innovadora del Servicio Nacional de Menores

Abstract

El Servicio Nacional de Menores, (Sename) inicia, a partir del año 2001, un proceso de Reforma Integral, en el marco de la modernización del Estado.

Dicha Reforma, tiene como eje central, el considerar a niños (as) y adolescentes, como sujetos de derecho, posesionándolos así en el estatus de ciudadanos (a), lo que implica a se vez, por una parte promover la participación e integración de ellos dentro de la sociedad y por otra, la participación de esta última en los temas que afectan a la infancia y adolescencia.

Este proceso, se ha realizado a través de la instalación de iniciativas que se desarrollan en el nivel regional y local, y que contemplan las características de cada territorio.

No obstante, que se han logrado avances importantes, tanto en el ámbito regional como local, respecto del tema infancia con enfoque de derecho, han surgido nuevos desafíos que el Servicio debe considerar si pretende avanzar en su labor.

Dentro de estos desafíos, y en sintonía con los procesos globales que está llevando a cabo el Estado, se encuentra el impulso y/ o potenciamiento de Sistemas Locales de Protección de Derechos, los cuales aún se encuentran incipientemente desarrollados.

Dichos Sistemas, debieran contar con actores locales de diversos sectores, articulados y facilitando el trabajo de protección de derechos; con un lenguaje común tendiente a aunar criterios en torno a la temática de infancia con enfoque de derecho y con un enfoque y modelo o metodología de trabajo que incorpore, a través de una participación efectiva y activa de la comunidad, familias, niños (as) y adolescentes en ellos, construyendo una política local de infancia que le otorgue sustentabilidad al tema, que este grupo etáreo participe plenamente del proceso democrático del país ya que el gobierno lo ha declarado como prioritario.

Para ello se propició la instalación de la OPD en el ámbito local que se constituyen en un recurso de singular importancia para la visibilidad de los derechos reconocidos a la Población Infanto-Juvenil; por tanto es la "puerta de entrada" a los recursos y dispositivos locales de protección.

Para este propósito la Familia y la Comunidad se incorporan como actores fundamentales en el quehacer de la OPD.